La Sala Constitucional de Costa Rica admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra la “Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero” que obliga a las entidades financieras a indemnizar a los usuarios víctimas de fraudes.
La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa y entró en vigencia el 22 de abril de 2026 para que los bancos sean responsables de indemnizar a sus clientes cuando estos sufran estafas electrónicas. La normativa fue polémica por eximir a los clientes de rendir una investigación para comprobar que no estuvieron implicados en la sustracción de fondos.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por la directora ejecutiva de la ABC, María Isabel Cortés Cantillo, el pasado 28 de mayo y busca impugnar los artículo 3,5 y 8 que regulan el procedimiento para reclamos por ciberfraudes por considerar que “lesionan el debido proceso y el derecho de defensa” por no dar lugar a recursos de revocatoria o alzada.
Asimismo, considera que el artículo 8 es inconstitucional porque establecer “restricciones o límites a los derechos fundamentales a la intimidad y la autodeterminación informativa”, por lo que, considera que la Asamblea debió aprobarlo con el voto de dos tercios y no en Comisión Plena Tercera.
Desde su estudio en la Asamblea Legislativa, la Asociación Bancaria dijo que era negativa porque podría incentivar el crimen organizado, aumento de estafas y cobros indebidos por limitar el procedimiento para comprobar que la estafa es real y no fingida para cobrar la indemnización.
Además, la normativa establece que la entrega de las indemnizaciones tendrían que ser entregadas sin intervención de abogados, peritos o jueces. Según el exdiputado Óscar Izquierdo, quien propuso la iniciativa, antes las víctimas pasaban por un “camino tortuoso” para cobrar sus indemnizaciones.
La controversial ley ingresó formalmente a la Asamblea en 2023, pero fue hasta este año que fue aprobado por el Órgano Legislativo costarricense.