El gobierno de Panamá pidió a la Asamblea Nacional un presupuesto de $35,111.7 millones para el ejercicio fiscal 2027, este monto representa un aumento del 0.6 % en comparación con el presupuesto modificado que devenga el Estado durante este 2026.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el proyecto de presupuesto fue presentado el miércoles ante la Asamblea para que sea discutido y aprobado. Chapman explicó que el aumento no representa mayor gasto, sino más fondos para inversión, protección social y servicios esenciales.
El funcionario detalló que en el proyecto 2027 siguen el límite de déficit del Sector Público No Financiero del 3 % respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo a lo dictado por la Ley de responsabilidad social fiscal. El gobierno panameño estaría interesado en financiar proyectos de infraestructura y programas sociales.
El monto establecido de $35,111.7 millones es incluso menor a los $40,840 millones que habían solicitado inicialmente las instituciones del Estado para el próximo año. La solicitud de las instituciones terminó con una reducción de $5,728.6 millones luego del análisis de Economía y Finanzas.
Entre los gastos contemplados se incluye: $22,547 millones para funcionamiento del Estado y $12,564 millones para inversión. Chapman aseguró que con estos montos se aseguran que que el gasto en funcionamiento disminuya y que la inversión aumente 36 %.
Baja gasto del Ejecutivo
En el presupuesto también se evidencia que el gasto para el gobierno central se reduciría un 7.8 % para el próximo año. Para este año 2026 las autoridades disponen de $17,935.6 millones a $16,534.5 millones, es decir, una baja de $1,401 millones.
Chapman explicó que la baja se debe a la reducción de deuda que este año se mantuvo en $7,938.9 millones a $5,496.1 millones para el próximo año, con lo que se espera una reducción de 30.8 %. Esta variante corresponde al calendario de vencimientos, amortizaciones y operaciones de financiamiento previstas para el otro año.
El proyecto tendrá que ser evaluado dentro de una comisión de la Asamblea Nacional para luego ser aprobado por todo el pleno de diputados.