La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, denunció este viernes que la dictadura de Nicaragua mantiene una política sistemática de represión contra organizaciones y líderes religiosos de diferentes confesiones.
Según la experta, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido más de 16,500 procesiones religiosas, expulsado a decenas de sacerdotes y religiosas, además de cancelar la personalidad jurídica de más de 1,300 organizaciones vinculadas a actividades religiosas.
Romero señaló que, junto a otros expertos de Naciones Unidas, ha solicitado al Gobierno de Nicaragua poner fin a estas prácticas y restablecer el respeto a las libertades fundamentales relacionadas con la religión, la asociación y la reunión pacífica.
La relatora denunció la situación del pastor evangélico Efrén Vílchez López, quien permanece detenido desde hace varios años en condiciones que, según indicó, podrían constituir actos de tortura.
“El Pastor Efrén Vílchez López lleva años preso en condiciones que apuntan a tortura: sin insulina, sin Biblia, sin luz natural, con hematomas visibles”, manifestó Romero en un pronunciamiento en sus redes sociales.
Asimismo, denunció los casos de las líderes laicas Carmen Sáenz y Lesbia Gutiérrez, quienes, según la relatora, permanecieron desaparecidas de manera forzada durante varios meses antes de conocerse información sobre su situación.
La funcionaria sostuvo que las restricciones a las actividades religiosas trascienden la regulación estatal y constituyen una afectación directa al espacio cívico del país.
“Reprimir procesiones, confiscar iglesias y exiliar a líderes religiosos no es gobernanza, es la destrucción sistemática del espacio cívico y de la libertad de reunión y asociación”, afirmó.
Los expertos de Naciones Unidas han solicitado la liberación de todas las personas consideradas presos políticos o detenidos por motivos religiosos en Nicaragua.
De acuerdo con la denuncia, desde 2018 el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo habría institucionalizado un patrón de represión dirigido contra iglesias católicas, protestantes, evangélicas, bautistas y otras organizaciones religiosas.
Entre las medidas señaladas figuran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, exilios obligados, confiscación de propiedades, vigilancia estatal, restricciones a ceremonias religiosas, cancelación de personerías jurídicas y censura de sermones, publicaciones y procesiones.
Los expertos consideran que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para limitar la participación de organizaciones religiosas en la vida pública y reducir los espacios de expresión independiente dentro del país.