El procurador general de la Nación (fiscal), Luis Gómez Rudy, llevó este jueves al pleno de la Asamblea Nacional 2 propuestas legislativas orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción en Panamá: una Ley General Anticorrupción y un proyecto de reforma al Código Penal en materia de delitos contra la administración pública.
Durante su exposición ante los diputados, Gómez Rudy advirtió que el fenómeno de la corrupción no debe considerarse ajeno ni lejano. “No es una amenaza abstracta, sino un cáncer que debilita el Estado de derecho y socava la confianza ciudadana en las instituciones”, manifestó.
Según explicó, las iniciativas buscan responder al deterioro de la percepción pública en materia de transparencia institucional, señalando que Panamá se encuentra “por debajo del promedio regional” en indicadores internacionales. Afirmó que el país enfrenta un desafío urgente que requiere cambios estructurales.
3,840 casos activos en investigación
Gómez detalló que actualmente existen 3,840 investigaciones en curso por delitos relacionados con corrupción. Entre ellos figuran casos de malversación de fondos públicos, retención indebida de cuotas laborales, lavado de activos y otros delitos patrimoniales.
El Procurador General de la Nación, Luis Gómez, presentó ante la Asamblea Nacional dos anteproyectos de ley anticorrupción.
Aprovechamos la ocasión para conversar con él y manifestarle nuestro respaldo a estas iniciativas que buscan fortalecer la transparencia y la lucha contra… pic.twitter.com/hlk52OBxF0
— Augusto “Tuto” Palacios M. (@tutopalaciosm) July 24, 2025
“El volumen de estos procesos refleja la magnitud del problema y su capacidad de infiltrarse en diversos sectores del aparato estatal y de la economía”, explicó.
Las iniciativas legales —según subrayó el procurador— se alinean con compromisos adquiridos por el Estado panameño en tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Principales medidas de la Ley General Anticorrupción
Entre los aspectos destacados del nuevo marco legal, Gómez Rudy mencionó que la Ley General Anticorrupción contempla la introducción de técnicas especiales de investigación, similares a las empleadas contra el crimen organizado. Estas incluyen interceptaciones telefónicas, operaciones encubiertas, entregas vigiladas y compras controladas.
Asimismo, se propone:
Permitir que las fiscalías utilicen informes técnicos o auditorías internas, sin que dependan exclusivamente de auditorías de la Contraloría General.
Aprehender de forma provisional bienes vinculados a hechos de corrupción.
Extender los plazos de prescripción para evitar que delitos queden impunes por el paso del tiempo.
Establecer procedimientos ágiles para declarar como “complejos” los casos de gran magnitud o especial dificultad.
Facilitar la cooperación internacional eliminando trabas burocráticas que retrasan el intercambio de información.
Reforzar la colaboración de las instituciones públicas, obligándolas a actuar como querellantes y a cooperar en plazos definidos.
Además, el proyecto regula la figura de la colaboración eficaz y la celebración de acuerdos con personas jurídicas involucradas, todo dentro del marco de garantías constitucionales y del debido proceso.
Iniciativas complementarias en discusión
Las propuestas del Ministerio Público se suman a otras iniciativas en curso en la Asamblea. Entre ellas, una impulsada por el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, que propone declarar imprescriptibles todos los delitos de corrupción que afecten recursos públicos, con el objetivo de que ningún hecho quede sin sanción por el paso del tiempo.
Ambos proyectos podrían marcar una nueva etapa en la arquitectura legal de Panamá contra la corrupción, un problema persistente que, según las propias autoridades, ha limitado el fortalecimiento institucional y la confianza ciudadana.
El paquete legislativo será ahora analizado por las comisiones respectivas para su discusión y eventual aprobación en el pleno legislativo.
