Presidente guatemalteco advierte sobre riesgo de ingresar a lista gris si no se aprueba ley antilavado

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtió este lunes que, de no aprobarse la nueva Ley Antilavado presentada por el Ejecutivo ante el Congreso de la República, el país podría ser incluido en la “lista gris” del sistema financiero internacional. La inclusión tendría implicaciones directas en la confianza bancaria, las remesas, el acceso al crédito y la competitividad económica del país.

“De no aprobarse esta ley, estaremos enfrentando la posibilidad de ser incluidos en la lista gris del sistema financiero internacional”, afirmó Arévalo durante su conferencia semanal llamada La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura. 

Según explicó, figurar en dicha lista —que elabora el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)— implicaría que los bancos nacionales sean percibidos con sospecha en el extranjero por no cumplir con estándares de prevención del lavado de dinero.

El mandatario sostuvo que la nueva normativa es esencial para “mejorar la seguridad, fomentar la inversión y garantizar el crecimiento económico”. Además, subrayó que no se trata de una propuesta improvisada o unilateral: “Esta ley no es un capricho del Gobierno. Su redacción fue finalizada luego de recibir observaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como del trabajo conjunto con la Comisión Nacional contra la Corrupción, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Finanzas”.

Arévalo también destacó que la ley permitirá a Guatemala alinear su legislación con estándares internacionales y recuperar credibilidad como socio económico y financiero. “Será una herramienta concreta y efectiva para combatir el narcotráfico, la trata de personas y toda forma de crimen organizado, tanto nacional como transnacional. El dinero que se lava, financia la violencia”, recalcó.

Reacciones desde el Congreso

La presentación de la iniciativa generó diversas reacciones entre diputados, quienes, en su mayoría, dijeron no haber recibido aún el texto completo.

El diputado opositor Álvaro Arzú expresó que aún no ha leído la propuesta, pero se comprometió a analizarla a fondo. 

“Yo creo que los diputados y la sociedad debemos juzgar las leyes no por sus nombres o títulos, sino por su contenido. No podemos caer en el discurso de que, si alguien está en contra de una ley, entonces está a favor del lavado de dinero”, declaró. 

A su juicio, la iniciativa puede tener elementos positivos, aunque también aspectos que deberán ser “analizados, modificados o eliminados” de manera seria y responsable.

Por su parte, la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla, dijo que no hubo un acercamiento directo del Ejecutivo con su bancada antes de la presentación del proyecto. 

“Sabíamos que había una intención de presentarla, pero no tuvimos esa conversación directa con el Ejecutivo”, apuntó.

El diputado oficialista Raúl Barrera, en cambio, confirmó que su bancada trabajó junto con el presidente Arévalo en la elaboración del proyecto. “La propuesta deberá ser remitida a la Comisión de Reformas al Sector Justicia tras su lectura en el pleno”, indicó. Barrera reconoció que la iniciativa ya circula informalmente entre algunos congresistas.

Desde el Ministerio de Finanzas Públicas, el titular Jonathan Menkos explicó que la propuesta de ley actualiza las tipologías delictivas relacionadas con el lavado de dinero y responde a recomendaciones emitidas por entidades internacionales, como el GAFILAT. La adecuación normativa, agregó, es un paso necesario para evitar sanciones y preservar la estabilidad del sistema financiero nacional.