El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025, conocido como Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras advertir vicios de inconstitucionalidad. La decisión fue adoptada en Consejo de Ministros y comunicada oficialmente por el Ejecutivo.
Según el Gobierno, la normativa aprobada por el Congreso violaba varios artículos constitucionales. Entre ellos los relativos al control del gasto público y la transparencia en la administración estatal.
El Ejecutivo reafirmó su compromiso con el desarrollo local y comunitario, pero subrayó que este debe realizarse respetando la Constitución y garantizando un manejo ético de los recursos públicos. Arévalo destacó que su administración busca recuperar la confianza ciudadana en el Estado mediante presupuestos responsables y transparencia fiscal.
Gobierno prioriza la transparencia y la estabilidad fiscal
En su comunicado, el Ejecutivo enfatizó que la actual administración trabaja en la defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de derecho. Además, señaló que busca fortalecer los servicios públicos y promover una gestión financiera que beneficie directamente a la población.
Necesitamos desarrollo local, sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público. https://t.co/neu7bTfnBq
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 3, 2025
El Gobierno reconoció la importancia de mantener la ejecución de obras públicas, especialmente en los municipios, y anunció que buscará alternativas legales para asegurar la continuidad de proyectos sin comprometer la rendición de cuentas ni la calidad del gasto público.
Sector empresarial respalda el veto presidencial
El sector empresarial respaldó la decisión del presidente Arévalo. La Cámara de Comercio destacó que la ley vetada contravenía principios constitucionales, como el de anualidad presupuestaria. Esto se debía a que permitía la transferencia automática de recursos públicos de un ejercicio fiscal a otro.
En su pronunciamiento, la gremial advirtió que, de haberse promulgado, el decreto habría facilitado la creación de fondos paralelos y debilitado la transparencia en la gestión financiera del Estado.
📢 Cámara de Comercio de Guatemala reconoce y valora la decisión del Señor Presidente de la República, Bernardo Arévalo, de vetar el Decreto 7-2025. pic.twitter.com/H62hNpt1pl
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) October 3, 2025
“El Decreto hubiera comprometido la adecuada administración de los recursos públicos”, señaló la Cámara. Esta previamente había solicitado al Ejecutivo no sancionar la normativa aprobada por el Congreso el pasado 2 de septiembre.
Congreso había aprobado la norma con carácter de urgencia
El Decreto 7-2025 fue aprobado con 105 votos bajo el argumento de que aceleraría la ejecución de proyectos locales y permitiría a los Consejos Departamentales de Desarrollo continuar utilizando fondos no ejecutados durante 2024.
No obstante, la iniciativa generó división entre distintos sectores. Mientras algunos alcaldes pedían su aprobación para garantizar la continuidad de obras, organizaciones empresariales y sociales alertaban que la ley podía facilitar un uso discrecional de los recursos públicos. Esto era especialmente preocupante en un año preelectoral.
Con el veto presidencial, el decreto regresa al Congreso, que podrá insistir en su aprobación con mayoría calificada o archivarlo definitivamente.