En medio del creciente escándalo por el presunto uso político de fondos públicos asignados a través de instituciones estatales, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ofreció una conferencia de prensa para deslindar al Legislativo de cualquier vínculo con el cuestionado “fondo departamental”.
“Las ayudas sociales no son lo mismo que el fondo departamental”, afirmó Redondo, en referencia a las gestiones que hacen los diputados para canalizar recursos hacia sus comunidades.
Acompañado por el auditor y la gerente legal del Congreso, el titular del Legislativo insistió en que los fondos son ejecutados por entidades como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y Educrédito, no por el Congreso Nacional.
Pese a sus declaraciones, el mecanismo bajo el cual se aprueban estos recursos —mediante solicitudes de los propios legisladores— ha sido criticado por su opacidad y por perpetuar prácticas clientelistas.
#OnceNoticias🟡| Comparecencia de prensa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
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— Once Noticias (@11_Noticias) July 2, 2025
Aunque Redondo sostuvo que “los congresistas no tocan dinero”, omitió el hecho de que son ellos quienes deciden qué proyectos se financian y quiénes se benefician, lo que mantiene su influencia directa sobre el destino de los fondos.
El artículo 349 del Presupuesto General sigue siendo la base legal para financiar ayudas de diverso tipo, desde donaciones a iglesias hasta subvenciones a ONG y apoyos humanitarios. Todo ello sin claridad sobre los criterios de asignación ni mecanismos de fiscalización.
Durante su intervención, Redondo reveló que desde 2022, más de 220 diputados han gestionado ayudas sociales, incluidos 96 del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). No obstante, no ofreció evidencia de evaluaciones técnicas que respalden cada una de esas gestiones.
El presidente del Congreso también abordó el caso de la diputada de Libre, Isis Cuéllar, señalada por un presunto manejo irregular de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destinados a activistas políticos en Copán. Redondo informó que ha autorizado a Cuéllar para que colabore con las investigaciones de los entes fiscalizadores.
Además, anunció que ha solicitado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una auditoría exhaustiva de todos los proyectos de ayuda social ejecutados por instituciones del Estado con fondos del artículo 349. La medida busca, según dijo, transparentar el uso de esos recursos.
Sin embargo, analistas consideran que las acciones anunciadas por Redondo llegan tarde y que, lejos de disipar las sospechas, refuerzan la percepción de que los recursos públicos siguen siendo utilizados como herramienta política, pese a las promesas de cambio.
¿Y la diputada del escándalo?
El caso que encendió las alarmas por la presunta corrupción en el manejo de fondos estatales tiene una protagonista estelar, diputada del partido Libre, Isis Cuéllar, señalada por presuntamente canalizar fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hacia activistas políticos en el departamento de Copán. Redondo informó que ha autorizado a la congresista para presentarse ante las entidades investigadoras y esclarecer su situación legal y para ello le ha concedido un permiso laboral.
ÚLTIMA HORA | El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dice que le ha concedido permiso a la diputada del Partido Libre, Isis Cuellar para que pueda aclarar su situación ante los entes fiscalizadores e investigadores del Estado. Esto luego del involucramiento de la… pic.twitter.com/foVAovhjDy
— Radio América HN (@radioamericahn) July 2, 2025
En un video filtrado en redes sociales la semana pasada, se escucha una llamada entre Cuéllar y el entonces ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, en el que queda al descubierto el presunto uso de fondos de gobierno para beneficiar a funcionarios oficialistas y sus intereses.
Cardona renunció a su cargo en medio del escándalo, mientras que la congresista ha guardado silencio, mientras desde su misma bancada le han pedido que dimita de su cargo.
El escándalo ocurre a solo 5 meses de las elecciones generales.
