La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó este viernes un pliego de reformas al Código Procesal Penal y al sistema penitenciario. Entre los cambios se propone crear un nuevo delito para castigar con prisión la pertenencia a organizaciones criminales.
Fernández presentó a la Asamblea Legislativa seis reformas al Código Procesal Penal, una de ellas busca crear un nuevo delito de pertenencia a organizaciones criminales, que sería castigado con cárcel de uno a seis años, mientras que quienes solo se organicen para cometer ilícitos podrían enfrentar penas de tres a ocho años.
Las condenas por pertenencia a estructuras criminales podrá agravarse con penas de seis a 20 años cuando sea por terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro extorsivo y trata de personas, según explicó la mandataria en conferencia de prensa.
“Tiene que acabarse la alcahuetería contra los criminales reincidentes, quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas (…) Nosotros estamos del lado de la víctima. Y sí, se lo digo de frente, yo estoy del lado de las víctimas. No estoy del lado de los delincuentes”, dijo Fernández ante los medios de comunicación.
Otra de las propuestas es la denominada “Ley Gerson Rosales” que hace tributo al policía asesinado hace unas semanas, mientras realizaba sus actividades de vigilancia. La normativa contempla que la respuesta armada de los agentes policiales sea considerada como “legitima defensa”.
La tercera reforma es para castigar la reincidencia en el cometimiento de ilícitos e indicar prisión preventiva obligatoria como medida cautelar. Asimismo, establece que si una persona vuelve a cometer un delito en un plazo de 15 años, entonces se le imponga la pena más alta.
Las categorías de reincidencia serían:
- Reincidencia simple en un plazo de 15 años.
- Reincidencia calificada por delios de crimen organizado.
- Reincidencia habitual para quien sea sentenciado tres veces en 15 años.
- Delincuente profesional para quien tenga tres o más sentencias y cometa un nuevo delito.
La otra iniciativa busca que los privados de libertad realicen trabajos remunerados para obtener beneficios de ejecución de la pena y establece que el salario se distribuya así: 35 % para el sistema penitenciario; 35 % para la familia de las víctimas del delito cometido; 20 % para la familia del condenada y el 10 % para un fondo de ahorro del condenado.
La quinta iniciativa pretende aumentar de cinco a 10 años las condenas para propietarios o arrendatarios de terrenos donde se construyan pistas clandestinas. En caso de descubrir la pista en construcción, las autoridades tendrían potestad para confiscar los equipos.
Además, con la reforma se pretende que los terrenos no se puedan vender, arrendar o traspasar los inmuebles durante un año, con posibilidad de prórroga.
La última reforma propone que las condenas por delitos contra la vida se mantengan en el registro de delincuencia durante los 15 años posteriores a cumplida la pena, aunque dichos registros serán permanentes en los registros judiciales y policiales.