El clero católico de Nicaragua se ve obligado a informar a la policía semanalmente y a buscar la aprobación para el contenido de sus homilías, informa la organización benéfica Christian Solidarity Worldwide (CSW).
CSW, que hace campaña por la libertad religiosa, describe las restricciones a los cristianos en el país como “severas”. Las actividades religiosas públicas, como las procesiones, están prohibidas. Dentro de las iglesias, todas las actividades son monitoreadas, dice.
Se ha informado de que los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, se han deteriorado durante años bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. Las protestas iniciadas por los estudiantes contra el gobierno en 2018 han sido aplastadas sistemática y brutalmente.
La Iglesia Católica Romana ha sido cada vez más atacada por su defensa a la población ante las violaciones de derechos humanos de la dictadura Ortega-Murillo. Algunos clérigos han sido colocados bajo lo que el gobierno llama “medidas de precaución”, y tienen que informar a la policía semanalmente, presentando planes de servicios futuros.
Más de 200 sacerdotes y religiosos han sido expulsados del país y una veintena han sido encarcelados para luego ser desterrados y despojados de su nacionalidad. Entre ellos dos obispos, Rolando José Álvarez Lagos e Isidoro Mora, obispos de Matagalpa y Siuna respectivamente. Un tercer obispo, Silvio Báez, tuvo que exiliarse por orden del papa Francisco tras recibir amenazas de muerte.
El mes pasado, Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de que un informe encargado por la ONU acusara al gobierno del presidente Ortega de suprimir los derechos humanos y los grupos religiosos.
Uno de sus autores, la abogada internacional de derechos humanos Ariela Peralta, escribió que el gobierno nicaragüense estaba “efectivamente en guerra con su propio pueblo”.
El informe de la ONU acusa al régimen de Ortega, que ha estado en el poder desde 2007, de haber “transformado el país en un estado autoritario donde no quedan instituciones independientes”.
El último informe de CSW se refiere a 222 violaciones de la libertad religiosa en 2024, algunas de las que afectaron a miles de personas. Cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las relacionadas con grupos religiosos, han perdido su estatus legal y se les ha ordenado cerrar. A muchas iglesias protestantes se les había quitado el estatus, informa CSW, incluida la Iglesia Episcopal de Nicaragua, parte de la Comunión Anglicana, y la Iglesia Moravia de Nicaragua. Sus activos debían ser confiscados.
En 2024, al menos 46 líderes religiosos fueron detenidos, incluidos Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, ambas trabajaron con la diócesis católica romana de Matagalpa, que anteriormente estaba dirigida por el obispo Álvarez.
Ambas mujeres han estado detenidas desde agosto; sus familias no han recibido noticias de ellas.
El informe de CSW concluye: “El respeto por todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el ForRB, continuó deteriorándose drásticamente en 2024. En cambio, el gobierno ha continuado su campaña para erradicar a la sociedad civil independiente apuntando tanto a individuos como a organizaciones religiosas enteras y asociaciones religiosas.
“Las tácticas intrusivas de monitoreo, vigilancia e intimidación dirigidas a individuos y grupos, incluidos grupos religiosos, es ahora la norma. Ahora es una práctica del gobierno reducir el número de presos políticos, incluidos los líderes religiosos, enviándolos fuera del país. De hecho, en muchos casos, parecía que los líderes religiosos podrían haber sido detenidos con el propósito expreso de negociar su liberación al exilio forzado”.
