La Corte del Distrito de Columbia, en Washington, Estados Unidos, resolvió que la demanda presentada por el exfuncionario guatemalteco Miguel Martínez contra el Departamento del Tesoro deberá ser atendida por la vía administrativa. Con esta decisión, Martínez permanecerá en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Martínez, quien fue titular del extinto Centro de Gobierno en la administración del expresidente Alejandro Giammattei, había solicitado a la justicia estadounidense la anulación de las sanciones impuestas en su contra en diciembre de 2023 bajo la Ley Global Magnitsky. Argumentó que estas medidas afectaban gravemente su situación económica y la de su familia, y buscaba que su nombre fuera eliminado del listado oficial.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro pidió a la Corte que el caso se manejara dentro del proceso administrativo correspondiente, señalando que sería una vía más eficiente tanto para las partes involucradas como para el sistema judicial. La corte aceptó esa solicitud, lo que significa que Martínez deberá agotar los procedimientos internos antes de que se considere una revisión judicial.
>> Un video que no añejo bien: Miguel Martínez cantando “Jefe de Jefes” de los Tigres del Norte en un mitin político. Hoy fue sancionado con la ley Magnitsky: https://t.co/3kmRgc4pPP #Guatemala #Corrupción pic.twitter.com/bIRSfSBBsH
— 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) December 2, 2023
La sanción impuesta bajo la Ley Global Magnitsky implica restricciones económicas severas, entre ellas, el congelamiento de activos en territorio estadounidense, la prohibición de acceso al sistema financiero del país y la imposibilidad de obtener visas para ingresar a Estados Unidos. Estas medidas también generan un fuerte impacto reputacional, dificultando las relaciones comerciales y personales de los sancionados a nivel internacional.
Miguel Martínez es considerado una figura clave del último gobierno guatemalteco y es conocido por su relación sentimental con el expresidente Giammattei. A pesar de haber dejado el cargo oficialmente en 2020, continuó siendo identificado como un actor influyente dentro del Ejecutivo.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos forman parte de una política para combatir la corrupción y las violaciones a los derechos humanos a nivel global. La inclusión en la lista OFAC no solo aísla financieramente al individuo, sino que también disuade a otras entidades y gobiernos de establecer vínculos con personas bajo sanción.