El asesinato del mayor en retiro y analista político nicaragüense Roberto Samcam, perpetrado la mañana de este jueves en un residencial de Moravia, San José, ha desatado una ola de condenas internacionales y fundadas sospechas sobre una operación de carácter político ejecutada más allá de las fronteras de Nicaragua.
Organismos de derechos humanos, analistas y colectivos de exiliados han señalado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como el principal responsable moral e ideológico del crimen.
Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio se registró alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando un hombre armado ingresó sin obstáculos al condominio donde residía Samcam y se dirigió directamente hacia su casa.
“Sin mediar palabra alguna había presuntamente disparado en contra del ofendido en múltiples ocasiones, logrando impactarlo en el tórax y extremidades”, indicó la Sección de Homicidios en su informe preliminar.
La escena del crimen, en el Condominio Naples, del cantón de Moravia, fue resguardada por agentes judiciales que confirmaron la recolección de al menos ocho casquillos de arma calibre 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para su autopsia, mientras la investigación permanece abierta.
Una voz silenciada
Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista, fue desde 2018 una de las voces más críticas del régimen Ortega-Murillo.
Como analista político y consultor en temas de seguridad, colaboró activamente con organismos internacionales para documentar crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en el marco de la rebelión de abril de 2018.
📢Consideramos que el crimen de Roberto Samcam podría formar parte de una estrategia más amplia de represión transnacional impulsada por el régimen Ortega Murillo para perseguir y silenciar a la disidencia fuera de sus fronteras, en abierta violación de los derechos humanos de… pic.twitter.com/anqkfkvSOa
— Colectivo Nicaragua Nunca Más (@ColectivoNunca) June 19, 2025
Desnacionalizado en febrero de 2023 junto a otras 93 figuras opositoras, Samcam vivía refugiado en Costa Rica desde julio de 2018, país en el que recientemente había denunciado amenazas y vigilancia. Obtuvo la nacionalidad española el 26 de julio de 2023.
Su esposa, Claudia Vargas, confirmó a medios locales que Samcam vivía con temor. “Ya había dicho que lo venían persiguiendo y que temía que lo mandaran a asesinar. Yo creo que fue una operación de las fuerzas de seguridad, especialmente los militares”, declaró con visible conmoción.
Sospechas de crimen político y represión transnacional
Diversos actores políticos y sociales han advertido que las características del crimen no corresponden a un hecho aislado.
El politólogo costarricense Sergio Araya fue enfático al afirmar que “las características del crimen tienen claras señales de ejecución política”. Según Araya, el hecho dentro del territorio costarricense “no solo expone la vulnerabilidad de los exiliados, sino que además afecta la reputación de seguridad de Costa Rica”.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó en un comunicado el crimen y señaló que “podría formar parte de una estrategia más amplia de represión transnacional impulsada por el régimen Ortega-Murillo para perseguir y silenciar a la disidencia fuera de sus fronteras, en abierta violación de los derechos humanos de las personas refugiadas y exiliadas”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también se pronunció: “Denunciamos ante la comunidad internacional el asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam Ruiz. No es el primer atentado contra opositores en suelo costarricense”. Recordaron que otros casos similares han ocurrido en los últimos años, incluyendo el ataque armado contra el opositor Joao Maldonado y su esposa en enero de 2023, y el asesinato del refugiado Jaime Luis Ortega en Upala en octubre de 2024.
Un patrón de hostigamiento contra el exilio
La muerte de Samcam se inscribe en un contexto regional en el que, según CEJIL y el colectivo Nunca Más, se ha documentado “un patrón sostenido de vigilancia, amenazas, hostigamiento y actos de intimidación dirigidos contra personas nicaragüenses exiliadas, especialmente en Costa Rica”.
Ambos organismos instaron al Estado costarricense a mantener abierta una línea de investigación que contemple el móvil político y a reforzar las medidas de protección para la población exiliada.
“Por lo grave de esta situación pedimos al Estado costarricense que mantenga abierta una línea de investigación política en las pesquisas por este crimen, hasta dar con sus responsables, y que reafirme sus compromisos para garantizar la seguridad, integridad y vida de todas las personas que han buscado refugio en el país”, señala el comunicado conjunto.
Samcam, quien había advertido públicamente que temía por su vida, ahora se convierte en símbolo de una amenaza latente: la capacidad del régimen nicaragüense para extender su represión más allá de sus fronteras. El crimen, aún bajo investigación, plantea interrogantes dolorosas sobre la seguridad de los más de 200 mil nicaragüenses que han encontrado refugio en Costa Rica desde 2018.
Mientras avanza el proceso judicial, las voces del exilio, los organismos de derechos humanos y sectores académicos coinciden en una misma demanda: justicia, garantías de no repetición, y el firme rechazo a cualquier forma de persecución transnacional que busque silenciar la verdad y castigar la disidencia.
