La Unión Europea (UE) reiteró este jueves que mantiene vigentes las sanciones contra ocho personas y una entidad de Guatemala por acciones que el bloque considera que socavan la democracia y el Estado de Derecho, luego de que el juez Fredy Orellana afirmara que las medidas en su contra ya no tenían efecto.
“La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas”, señaló la representación europea al aclarar la situación de las medidas restrictivas.
El Consejo de la Unión Europea prorrogó el 9 de enero de 2026 las sanciones durante un año, por lo que permanecerán vigentes hasta el 13 de enero de 2027. Las personas incluidas tienen prohibido ingresar o transitar por territorio de la UE y están sujetas a una inmovilización de sus bienes.
Entre los sancionados se encuentra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, quien publicó en sus redes sociales que las medidas restrictivas impuestas en su contra habían quedado sin efecto desde el 13 de enero de 2026 y aseguró que actualmente no tenía ninguna sanción o limitación de derechos vigente en territorio europeo.
— Fredy Orellana (@orellanafredy1) September 17, 2026
Orellana fue incluido en febrero de 2024 en el listado de sanciones de la UE junto con otros funcionarios guatemaltecos. El bloque europeo atribuyó las medidas a actuaciones que, según su evaluación, socavaron la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico del poder tras las elecciones generales de 2023.
En la lista también figuran la fiscal general María Consuelo Porras Argueta de Porres; Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general del Ministerio Público cuando fue sancionado; José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; y la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez.
Posteriormente, en junio de 2025, la Unión Europea incorporó a Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, Ricardo Rafael Méndez-Ruiz Valdés y Raúl Amílcar Falla Ovalle. El bloque también sancionó a la Fundación contra el Terrorismo, con lo que el régimen de medidas restrictivas pasó a abarcar ocho personas y una entidad.
Las sanciones contemplan el congelamiento de activos y la prohibición para ciudadanos y empresas de la Unión Europea de poner fondos a disposición de las personas y la entidad incluidas en la lista. El bloque sostiene que las medidas están dirigidas específicamente contra los sancionados y no contra Guatemala, su población o su economía.