Un grupo de organizaciones de la oposición nicaragüense denunció que la reforma parcial a la Constitución, aprobada en primera legislatura el pasado 1 de septiembre y publicada un día después en La Gaceta, representa una nueva ruptura del orden constitucional y busca consolidar un modelo que calificaron como “totalitario y dinástico” en Nicaragua.
Las organizaciones sostuvieron que la reforma carece de legitimidad debido al procedimiento utilizado para aprobarla y cuestionaron que la Asamblea Nacional la avalara de forma expedita y unánime. También rechazaron el proceso de consulta ciudadana y aseguraron que estuvo dominado por personas y estructuras vinculadas al oficialismo, incluyendo familiares de Daniel Ortega y Rosario Murillo y representantes del Ejército y la Policía Nacional.
Según el pronunciamiento, las modificaciones profundizan la concentración del poder mediante la ampliación a siete años de los períodos correspondientes a la denominada “copresidencia”, diputados, alcaldías, magistraturas estatales y mandos militares. Las organizaciones argumentaron que estas disposiciones debilitan los contrapesos institucionales y restringen la posibilidad de una alternancia política.
La oposición también cuestionó la creación y continuidad de la figura de la “copresidencia”, así como las disposiciones que permitirían extender simultáneamente diferentes mandatos. A juicio de los firmantes, estas medidas buscan institucionalizar un esquema político que limita la participación de sectores opositores y concentra las facultades estatales en la cúpula gobernante.
El comunicado cuestionó además una cláusula incluida en la reforma que, según las organizaciones, desconoce la aplicación en Nicaragua de normas y resoluciones internacionales, salvo aquellas derivadas de convenios suscritos directamente por el Estado. Los opositores vincularon esta disposición con el alejamiento del país de organismos y agencias internacionales.
Las organizaciones señalaron que la legitimidad democrática debe provenir de la voluntad ciudadana y no únicamente de la aprobación y publicación de una reforma constitucional.
“La soberanía no pertenece a un partido, a una dinastía ni a mandos militares que se han puesto al servicio del poder; pertenece de manera exclusiva al pueblo de Nicaragua”, afirmaron las organizaciones.
Ante este escenario, los firmantes solicitaron a gobiernos extranjeros, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y otros organismos multilaterales que desconozcan las reformas y mantengan su respaldo a las demandas de restitución de la democracia, el Estado de derecho, las libertades y los derechos políticos en Nicaragua.
El pronunciamiento fue suscrito por organizaciones como Ciudadanos por la Libertad en el Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, Alianza Universitaria Nicaragüense, Avanza, Unidad Nacional, Plataforma de Unidad por la Democracia, Alianza Nicaragüense por la Democracia y otras agrupaciones opositoras nicaragüenses.
