Un total de 54 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido señalados por su participación directa o indirecta en crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, según el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El documento detalla un entramado institucional de represión que involucra a altos mandos del Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y organismos de facto vinculados al partido de gobierno, como la Juventud Sandinista y grupos paramilitares.
El informe analiza la evolución de la represión desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas ciudadanas contra el Gobierno.
Según el GHREN, el Estado nicaragüense ha cometido crímenes como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, persecución por motivos políticos, y un cierre sistemático del espacio cívico, configurando así delitos de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
La investigación se basa en más de 400 entrevistas, análisis de resoluciones judiciales, documentación oficial, imágenes satelitales, testimonios de víctimas y trabajo de campo, lo que permite establecer “patrones” de actuación repetitivas y coordinadas desde las más altas instancias del poder.
Ortega y Murillo al mando de la represión
El GHREN concluye que el dictador Daniel Ortega y la co dictadora Rosario Murillo tienen responsabilidad directa en la conducción del aparato represivo.
Según el informe, han mantenido el control de las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado, permitiendo o instruyendo la comisión de delitos graves contra la población civil.
Además, se identifican al menos 54 personas como responsables de planear, ejecutar o encubrir estos crímenes.
La lista incluye al jefe del Ejército sandinista, general Julio César Avilés; al director general de la Policía sandinista, primer comisionado Francisco Díaz (consuegro de Ortega); así como magistrados de la aparato judicial, fiscales del Ministerio Público, diputados oficialistas y miembros del círculo familiar y político de los Ortega-Murillo.
El papel del ejército y la policía
A pesar de que el Ejército ha sostenido una postura pública de aparente neutralidad, el GHREN documenta su involucramiento en la represión mediante el suministro de grupos paramilitares, entrenamiento de armas civiles en tácticas de combate y participación en operaciones de inteligencia para identificar a opositores.
La Policía, por su parte, está señalada como el principal brazo ejecutor de la represión.
Según el informe, ha sido responsable de numerosas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas en centros de detención, y el uso excesivo y letal de la fuerza contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
El Ministerio del Interior también figura como parte del aparato represivo, a través de sus departamentos de Migración y Extranjería, el Sistema Penitenciario y la Dirección de Registro y Control de Organismos sin Multas de Lucro.
Identificación de responsables
El informe incluye una lista confidencial, entregada al Alto Comisionado de Naciones Unidas, con los nombres de los 54 responsables.
Sin embargo, algunos ya han sido mencionados públicamente en informes previos o sancionados por la comunidad internacional. Entre ellos:
- Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega.
- Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército.
- Ana Julia Guido, fiscal general de la República.
- Alba Luz Ramos, presidenta del Órgano Judicial.
- Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
- Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior.
- Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y operador político del FSLN.
- Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente, encargado de relaciones exteriores y negocios.
- Sonia Castro, exministra de Salud, señalada por negar atención médica a manifestantes heridos.
- Iván Acosta, ministro de Hacienda, vinculado al uso de fondos públicos en la represión.
Crímenes de lesa humanidad y justicia universal
El GHREN advierte que las violaciones cometidas no son hechos aislados ni excesos individuales, sino parte de una política estatal dirigida a eliminar cualquier forma de oposición.
Según el informe, estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y susceptibles de ser juzgados por tribunales internacionales, en aplicación del principio de justicia universal.
Se recomienda a los Estados y organismos multilaterales la aplicación de sanciones individuales y económicas, la apertura de investigaciones judiciales fuera de Nicaragua, y el respaldo a mecanismos de justicia independiente y reparación para las víctimas.
Entre los 54 funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad hay:
- 6 generales del Ejército, incluido el comandante en jefe Julio César Avilés, con autoridad directa sobre las operaciones de inteligencia y logística militar.
- 7 coroneles de diferentes comandos militares regionales, identificados con nombre y cargo:
- Coronel de Infantería José Hilcias Rizo Rizo , Primer Comando Militar (Estelí, Nueva Segovia, Madriz)
- Coronel de Artillería Vladimir Ilich Martínez Jarquín, Segundo Comando (León y Chinandega)
- Coronel de Infantería Denis Manuel Hernández Martínez, Quinto Comando (Boaco y Chontales)
- Coronel de Infantería Marvin Antonio Paniagua Pineda, Sexto Comando (Matagalpa y Jinotega)
- Coronel de Infantería Álvaro Francisco Rivas Castillo, Destacamento Militar Sur (Río San Juan)
- Coronel de Infantería Manuel Salvador Gaitán, Comando de Operaciones Especiales
- Coronel de Infantería no identificado, posiblemente del Destacamento Militar Norte
- 5 comisionados generales de la Policía, incluido al director Francisco Díaz, así como responsables de la Dirección de Operaciones Especiales y de Inteligencia Policial, identificados por su rol en operativos con francotiradores y armamento de guerra.
- 6 magistrados y funcionarios del Poder Judicial, entre ellos Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, implicados en la imposición de condenas arbitrarias y persecución judicial contra opositores.
- 4 fiscales del Ministerio Público, destacando la fiscal general Ana Julia Guido, por su rol en acusación sin debido proceso y por validar detenciones y juicios políticos.
- 3 altos cargos del Ministerio del Interior, involucrados en la represión a través de la Dirección General de Migración, el Sistema Penitenciario y el control de ONG.
- 8 diputados oficialistas y asesores parlamentarios, encabezados por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, responsables de aprobar leyes represivas como la Ley de Soberanía y la Ley de Agentes Extranjeros.
- 6 miembros del círculo íntimo de los Ortega-Murillo, incluyendo:
- Rosario Murillo, co-dictadora y vocera del régimen
- Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y negociador económico
- Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y coordinador de grupos parapoliciales
- Sonia Castro, exministra de Salud
- Iván Acosta, ministro de Hacienda
- Yadira Leets, esposa de Laureano Ortega (mencionada en otros informes)