El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció una nueva ofensiva contra el ejercicio de la abogacía en el país, tras la exclusión masiva de profesionales del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia sin previo aviso ni explicación oficial.
El presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, afirmó que existen “motivos razonables para considerar que el Gobierno de Nicaragua está privando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, una medida que, según el organismo, representa un nuevo deterioro del Estado de derecho.
La denuncia surge luego de que cientos de abogados reportaran que sus nombres desaparecieron del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con los testimonios recopilados por la ONU, cerca de 2,000 profesionales habrían sido eliminados del sistema en cuestión de pocos días.
Los afectados señalaron que nunca recibieron notificaciones oficiales, resoluciones administrativas ni procesos disciplinarios que justificaran la cancelación de sus acreditaciones. Muchos descubrieron la medida cuando intentaron ingresar a tribunales, presentar escritos judiciales o consultar su información en la plataforma digital del Poder Judicial.
“Se ha acumulado evidencia que corrobora los motivos razonables para considerar que el Gobierno de Nicaragua está privando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, expresó Simon al referirse a los hallazgos de la investigación del organismo internacional.
El Grupo de Expertos sostuvo que esta decisión constituye una nueva etapa en la intervención de las instituciones judiciales nicaragüenses y advirtió que limita gravemente el acceso de los ciudadanos a una defensa legal independiente.
“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del Gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero eliminar a una parte significativa de la profesión jurídica constituye una nueva escalada”, agregó el presidente del grupo, al señalar que la medida agrava la crisis institucional del país.
La ONU reiteró su preocupación por el debilitamiento de las garantías judiciales en Nicaragua y advirtió que la eliminación masiva de abogados compromete el derecho de la población a contar con representación legal y con un sistema de justicia independiente.
