Naciones Unidas denunció que la dictadura nicaragüense utiliza el sistema de justicia para silenciar a opositores, en una tendencia creciente que ha quedado evidenciada muchas veces.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que sólo en mayo 63 personas fueron detenidas arbitrariamente y que 55 de ellas afrontar cargos de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”, dos de los cargos preferidos por el régimen de Daniel Ortega para arrestar a los críticos.
“Al parecer, el gobierno usa estos cargos para silenciar a sus críticos”, alertó en una rueda de prensa Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Entre los detenidos hay políticos opositores, activistas de derechos humanos, periodistas y religiosos, entre otros.
Desde que estalló la crisis social en Nicaragua, en abril de 2018, cientos de disidentes han sido encarcelados y hasta condenados en juicios viciados, entre ellos el arzobispo Rolando Álvarez.
La dictadura de Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, además, ha desmantelado más de 3,000 ONG y gremiales, entre ellas la Cruz Roja de Nicaragua, y a varias les ha confiscado sus bienes.
