El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este miércoles un progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Nicaragua, donde advirtió que el poder se concentra cada vez más en el Ejecutivo y el partido gobernante. El informe fue presentado durante el 63 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en Ginebra.
“El informe documenta la captura casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los mecanismos institucionales de control y equilibrio, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a violaciones o abusos de derechos humanos”, declaró Türk. “La situación es absolutamente indefendible”.
El documento, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, analiza la situación de los derechos humanos en Nicaragua entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. Según el informe, prácticamente desapareció el espacio para la participación cívica o política independiente, mientras la represión contra voces disidentes se extendió fuera de las fronteras nicaragüenses.
La ONU también señala que reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura por el Parlamento el pasado 1 de septiembre excluirían a fuerzas organizadas de oposición de futuras elecciones y aplazarían los comicios por segunda ocasión hasta 2028.
Los cambios extenderían además hasta un máximo de siete años los mandatos de varias autoridades electas, incluida la Presidencia. El informe sostiene que el partido gobernante controla el Legislativo, los 153 municipios y los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa caribeña.
El documento denuncia además el uso sistemático de las detenciones arbitrarias como mecanismo de represión estatal.
Organizaciones de la sociedad civil reportaban al menos 46 personas detenidas al finalizar el período estudiado, mientras la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó al menos ocho casos en curso de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia estatal. Naciones Unidas advierte que las cifras podrían ser mayores debido, entre otras razones, a la falta de acceso al país y al temor de víctimas y testigos a sufrir represalias.
La situación también alcanza a organizaciones civiles y medios de comunicación. Otras cuatro organizaciones fueron obligadas a cerrar durante el último año, con lo que la cifra acumulada llegó a 5,539 entidades disueltas arbitrariamente en ocho años, según el informe. Las autoridades ordenaron además el cierre de otro medio, elevando a por lo menos 56 los medios clausurados durante ese período.
“Ya casi no queda nada por cerrar”, afirmó el Alto Comisionado.
El informe asegura que periodistas, defensores de derechos humanos, críticos del Gobierno y personas consideradas opositoras que viven fuera del país continúan enfrentando formas de represión transnacional. Entre las medidas señaladas figuran confiscaciones de bienes, pérdida de pensiones o empleos y restricciones para acceder a servicios sociales.
“Las confiscaciones judiciales de bienes han sido utilizadas sistemáticamente por el Gobierno como una herramienta para apropiarse de activos, empresas y propiedades de opositores políticos reales o percibidos, empresarios, incluidos extranjeros, organizaciones independientes, instituciones religiosas y determinadas entidades privadas”, señala el informe.
Türk pidió a las autoridades nicaragüenses liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, cambiar el rumbo de las políticas señaladas en el documento y restablecer la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.