Nicaragua supera las 5,600 ONG canceladas tras nueva disolución de 12 organizaciones

Defensores advierten que la medida impacta en sectores clave como salud, educación y asistencia comunitaria, dejando a miles de beneficiarios sin servicios básicos en el país.

Más de 5,600 entidades han sido disueltas en el país, bajo el mandato de Ortega.

La dictadura de Nicaragua oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de 12 organizaciones sin fines de lucro, en una medida que, según datos independientes, eleva a más de 5,600 el total de entidades disueltas en el país. La decisión, publicada en el diario oficial, vuelve a poner el foco internacional sobre el estado del espacio cívico nicaragüense.

La resolución, contenida en el Acuerdo Ministerial No. 06-2026-OSFL y firmada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, formaliza la cancelación de actividades de organizaciones nacionales y extranjeras.

El documento oficial sostiene que las disoluciones son de carácter voluntario, argumentando que las organizaciones enfrentaban falta de recursos económicos para continuar operando en el país.

Sin embargo, defensores de derechos humanos rechazan esa versión y advierten que se trata de un proceso sistemático de cierre del espacio cívico en Nicaragua, en un contexto de creciente control estatal sobre la sociedad civil.

Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan la dictadura nicaraguense.

Solo 1,500 quedan activas

Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, con esta nueva medida el número de organizaciones canceladas asciende a 5,663, de un universo que superaba las 7,000 asociaciones. Actualmente, estiman que apenas unas 1,500 continúan activas.

Entre las organizaciones afectadas figuran entidades internacionales, religiosas, médicas y comunitarias, como Project Concern International, la Evangelical Free Church of Canada, la Sociedad Médica y Dental Cristiana y la Fundación Holcim Nicaragua, entre otras.

El acuerdo instruye a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro a ejecutar la cancelación y proceder con la liquidación de bienes y activos, conforme a la normativa vigente.

Especialistas como el abogado Yader Valdivia vinculan estas decisiones con un patrón más amplio. Señalan que el impacto no solo alcanza a las organizaciones, sino también a miles de beneficiarios que dependían de servicios médicos, asistencia humanitaria o programas comunitarios, quienes ahora quedan sin cobertura.

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