El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha lanzado una campaña propagandística para “aclarar” que la reciente reforma constitucional que permite retirar la nacionalidad a quienes adquieran otra ciudadanía no tendrá carácter retroactivo.
En comunicados difundidos en redes sociales y declaraciones de funcionarios, se asegura que la medida, aprobada en primera legislatura el pasado 16 de mayo, solo aplicará una vez ratificada por la Asamblea Nacional en 2026, y no afectará a los nicaragüenses que ya tengan doble nacionalidad.
Sin embargo, expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos han puesto en duda estas garantías, recordando que la dictadura ha violado en múltiples ocasiones los principios legales, aplicando reformas de manera retroactiva y discrecional.
“La propia historia reciente demuestra que el régimen manipula la legalidad a su conveniencia”, advierte el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, quien subraya que esta reforma podría ser utilizada como herramienta para restringir derechos fundamentales y castigar políticamente a la diáspora nicaragüense.
🧵 Hilo actualizado sobre el éxodo, nacionalidad y apatridia en #Nicaragua:
La crisis de nacionalidad en Nicaragua se ha agravado con la reciente reforma constitucional del 16 de mayo de 2025, que elimina la doble nacionalidad (arts. 23 y 25), profundizando el éxodo y la…— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) May 20, 2025
Morazán explicó que la pérdida de la nacionalidad podría dejar a miles de nicaragüenses en el extranjero en un limbo legal, con restricciones para acceder a servicios de salud, educación, pensiones, empleo formal, participación política y, sobre todo, el derecho a regresar a su país.
También advirtió que los hijos nacidos fuera de Nicaragua podrían perder el derecho a heredar la nacionalidad de sus padres si estos son despojados de ella, lo cual vulneraría la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este lunes, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció públicamente lo que calificó como una “represión transnacional” por parte del régimen, señalando que esta reforma es solo la más reciente manifestación de una estrategia de persecución que incluye destierros forzados, pérdida arbitraria de nacionalidad, criminalización judicial y confiscación de bienes.
“Estamos ante un patrón sostenido de castigo político a la disidencia, que cruza fronteras y afecta incluso a los familiares de los exiliados”, expresó el colectivo en un comunicado internacional.
Desde abril de 2018, el país ha sido escenario de un éxodo masivo sin precedentes: más de 800,000 nicaragüenses han huido por razones políticas, económicas o de seguridad, principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
En febrero de 2023, la Asamblea Nacional despojó de la nacionalidad a 222 presos políticos desterrados a EE.UU., aun cuando la reforma constitucional correspondiente no había sido ratificada.
Para los expertos, ese precedente demuestra que el régimen no tiene reparos en aplicar retroactivamente sus leyes si le conviene.
El presidente de la Asamblea Nacional bajo control de la dictadura, Gustavo Porras, ha intentado justificar la reforma en términos “morales” e ideológicos, alegando que responde al “espíritu patriótico” del general Augusto C. Sandino.
“Quien quiera servir a un estado extranjero debe dejar de ser nicaragüense”, declaró Porras, añadiendo que “esto va más allá de lo jurídico, esto es moral”. No obstante, estas declaraciones han sido interpretadas por críticos como una estrategia de exclusión y castigo para consolidar el control absoluto del régimen.
Mientras tanto, organismos internacionales insisten en la necesidad de frenar el deterioro del Estado de derecho en Nicaragua y de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos que han sido perseguidos o forzados al exilio por disentir del régimen.