El Ministerio Público de Guatemala acusó al Consejo Europeo de atentar contra el estado de derecho y de tratar de intimidarles, tras las sanciones impuestas contra la fiscal general, la cuestionada Consuelo Porras, y sus ayudantes, entre ellos Rafael Curruchiche, fiscal contra la impunidad.
“El Ministerio Público rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador”, dijo en un comunicado divulgado horas después que se anunciara que los “castigados” no pueden viajar a ningún país de la Unión Europea.
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“Estos ataques sistemáticos buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala, con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores”, agregó.
Según el comunicado, las acciones del Consejo en contra de funcionarios guatemaltecos son “inaceptables”.
“El Ministerio Público reitera a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que continuará fuerte y firme en sus investigaciones a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley y la averiguación de la verdad”, sentenció.
Las sanciones contra Porras, Curruchiche y el juez Fredy Orellana se dieron a conocer tras la campaña de persecución judicial que han impulsado contra el presidente Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Según la Unión Europea, las acciones fiscales pusieron en riesgo la toma de posesión presidencial.