El Ministerio Público (MP) de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, mantiene 24 investigaciones activas contra ministerios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo por presuntos actos de corrupción. En contraste, más de 200 denuncias presentadas contra la administración del expresidente Alejandro Giammattei permanecen sin avances. Esto es según registros oficiales.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó que las pesquisas alcanzan al Ministerio de Agricultura, Comunicaciones, Educación y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, entre otras dependencias. “En su momento serán reveladas al pueblo de Guatemala”, declaró durante una conferencia de prensa.
Las investigaciones se enmarcan en el caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, que involucra un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El MP solicitó retirar el antejuicio del ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Asimismo, mencionó al presidente Arévalo y a su hermano Martín como posibles responsables. Sin embargo, no pidió el retiro de la inmunidad presidencial.
Acusaciones de sesgo y falta de avances en casos del gobierno anterior
El Ejecutivo de Arévalo y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) denunciaron que el MP actúa con sesgo político. Acusan que acelera procesos contra el actual gobierno y paraliza denuncias contra la administración de Giammattei.
De acuerdo con la CNC, desde enero de 2024 el Ejecutivo ha presentado 350 denuncias y querellas penales, más de 200 dirigidas a funcionarios del gobierno anterior. Sin embargo, 81 casos fueron desestimados o archivados, y la mayoría sigue sin resolución.
Los expedientes incluyen posibles delitos de malversación de fondos, sobrevaloración de contratos y uso indebido de recursos públicos. Estos delitos afectan los ministerios de Comunicaciones, Salud, Ambiente y Cultura.
“El archivo de estos casos constituye impunidad”, advirtió el comisionado Julio Flores, jefe de la CNC.
Historial de confrontaciones entre el MP y el presidente Arévalo
Desde 2023, el MP ha mantenido una ofensiva judicial y política contra Bernardo Arévalo y el partido Movimiento Semilla. El primer paso fue el caso “Corrupción Semilla”, mediante el cual la FECI intentó cancelar al partido durante la segunda vuelta electoral. La acción fue catalogada por la comunidad internacional como un intento de golpe de Estado.
Durante ese proceso, fiscales liderados por Curruchiche allanaron instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Abrieron cajas de votos y extrajeron actas bajo resguardo. Esto desató una crisis institucional.
Entre 2023 y 2025, el MP presentó siete solicitudes de antejuicio contra Arévalo, la mayoría sin respaldo judicial. La Corte Suprema de Justicia rechazó los requerimientos al no encontrar méritos para retirar su inmunidad.
El caso UNOPS y la nueva ofensiva
El caso UNOPS marca la primera vez que el MP, bajo Porras, señala directamente a un presidente en funciones. Curruchiche argumentó que el convenio permitió compras con sobreprecio y medicamentos de baja calidad. Además, insinuó vínculos entre Arévalo y Gustavo Alejos, empresario sancionado por corrupción.
El mandatario respondió que el MP “se ha convertido en promotor de la impunidad”, acusando a la fiscal Porras y a Curruchiche de fabricar acusaciones para obstaculizar su gestión.
Tanto Porras como Curruchiche han sido sancionados por Estados Unidos desde 2021, señalados por obstruir investigaciones anticorrupción y perseguir a fiscales y jueces independientes.
Persecución política y consecuencias institucionales
Analistas políticos advierten que el MP se ha transformado en un instrumento de persecución. El politólogo Renzo Rosal afirmó que “el Ministerio Público se desdibujó completamente de su naturaleza. Actúa como un actor político que busca alterar la gestión del Gobierno”.
Por su parte, el investigador Roberto Wagner consideró que la ofensiva fiscal “pretende debilitar al Ejecutivo de cara a 2026”. Ese es el año en que se elegirá a un nuevo fiscal general.
De acuerdo con los expertos, las tensiones entre el Ejecutivo y el MP seguirán creciendo mientras Porras mantenga el control de la institución, lo que podría condicionar los procesos políticos y judiciales en el país.