La gestión del Ministerio Público (MP) de Guatemala bajo Consuelo Porras logró disminuir de forma importante la cantidad de expedientes pendientes en los últimos años. Sin embargo, un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) concluyó que esa reducción no estuvo acompañada de una mejora en la judicialización ni en la capacidad de investigación criminal.
Según el análisis presentado por el investigador David Casasola, el MP pasó de acumular alrededor de 2.3 millones de casos pendientes en 2014 a cerca de 198,000 expedientes en 2025. La reducción comenzó a acelerarse desde 2019, cuando la institución implementó el Modelo de Gestión Integral de Casos.
Pese a esa baja en la mora fiscal, el estudio sostiene que la mayoría de expedientes terminó archivado, desestimado o cerrado sin avanzar hacia tribunales. De acuerdo con los datos presentados, solo el 3.5% de los casos gestionados entre 2018 y 2025 llegó a una etapa de judicialización.
“El problema ya no es únicamente que existan casos atrasados, sino el tipo de salida que reciben”, explicó Casasola durante la presentación. Según indicó, muchos expedientes ahora encuentran una salida administrativa, pero sin acusaciones penales ni procesos judiciales formales.
Hubo menos sentencias por homicidio
El informe también revisó delitos graves como homicidio simple y homicidio calificado. En esos casos, la salida más frecuente fue el “cierre en sede fiscal”. Además, las sentencias relacionadas con homicidios cayeron de 814 en 2014 a solo 113 en 2024, según las cifras analizadas por el CIEN.
Otro de los puntos señalados en el estudio fue el estancamiento de Guatemala en materia de justicia criminal. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project mostró que el país mantuvo durante una década puntuaciones cercanas a 0.30 en una escala de 1, sin mejoras significativas en efectividad judicial o investigación criminal.
Durante la gestión de Consuelo Porras, el presupuesto del MP aumentó considerablemente. La institución pasó de recibir 1,691 millones de quetzales (221,940.71 dólares) en 2018 a alrededor de 3,800 millones de quetzales (498,743.16 dólares) en 2026. Además, el personal creció un 47% entre 2018 y 2025, con una expansión territorial que llevó al MP de tener presencia en 33 municipios a cobertura en 340.
Pese a ese crecimiento financiero e institucional, el CIEN advirtió que otras entidades clave del sistema de justicia guatemalteco, como el Inacif y la Defensa Pública Penal, no recibieron aumentos similares. El informe concluye que el fortalecimiento administrativo del MP no logró traducirse en mejores resultados para la persecución penal ni en una mayor confianza en la justicia criminal del país.