Los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica estudian un proyecto propuesto por el gobierno de Laura Fernández para que los préstamos o compras pasen a una categoría que permita el cobro de intereses más altos al aumentar el límite de los microcréditos.
El proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. El cambio sugiere que se cambie lo que se considera “microcrédito” para ampliar el monto que es permitido en esta categoría. Los microcréditos tienen tasas de interés más altas que en los créditos regulares.
La Ley de promoción de la competencia define un microcrédito el monto que no supere los 1,500 salarios bases de un oficinista del Poder judicial que es de 462,200 colones costarricenses ($1,014.96), lo que implica que actualmente un microcrédito debe ser menor a los 693,300 colones.
La reforma de ley aumentaría tres veces el salario base, por lo que los microcréditos serían de 1,386,600 colones costarricenses ($3,044.88) y se aumentaría así el monto mínimo para n cobro más elevado de intereses. Esta reforma fue primero presentada en la legislatura pasada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Actualmente, los microcréditos pagan una tasa máxima de 51.51 % y los créditos regulares una tasa de 36.48 % según los parámetros del Banco Central de Costa Rica. Aunque el monto del crédito es menor se cobra una tasa mayor de interés por poca capacidad económica y por ende, un mayor riesgo de impago.
El diputado oficialista Stephan Brunner dijo que esta ampliación del monto de microcréditos podría ampliar el acceso de ciudadanos al sistema financiero y aliviaría a quienes tienen créditos “gota a gota” aunque podría perjudicar a quienes no laboran en el sistema informal.
Sin embargo, diputados opositores han señalado que esta medida no combatiría directamente el financiamiento ilegal y tampoco asistiría a quienes se encuentran endeudados en ese sistema. Asimismo, aseguran que los principales afectados serían los costarricenses que compran con créditos.
