La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala remitió una carta al Congreso de la República en la que plantea observaciones y recomendaciones sobre el proceso de elección de magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano que organizará las próximas dos elecciones generales en el país.
En la comunicación, dirigida a la Junta Directiva y a las y los jefes de Bloque, la Misión señala que la designación de magistrados debe regirse por estándares robustos de idoneidad, independencia, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Además, recordó que la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos tienen derecho a la democracia y que los Estados deben garantizarla mediante el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes.
La Misión también observó la sesión de la Comisión de Postulación en la que se aprobó la nómina de 20 postulantes que será enviada al Congreso. En su análisis sobre la etapa de postulación, advirtió posibles deficiencias en los instrumentos de evaluación, al considerar que podrían centrarse en criterios formales sin valorar de manera cualitativa la independencia, integridad, solvencia ética y capacidades técnicas requeridas para integrar el máximo órgano electoral. Asimismo, alertó sobre déficits de deliberación pública que dificultan la trazabilidad de las decisiones y debilitan la confianza ciudadana.
Entre otros señalamientos, destacó la ausencia de entrevistas públicas estandarizadas y la necesidad de aplicar controles de integridad reforzados ante candidaturas cuestionadas en el debate público. Indicó que cualquier objeción debe ser verificada y debidamente motivada para evitar decisiones percibidas como discrecionales o insuficientemente fundamentadas.
En ese contexto, la Misión recomendó al Congreso realizar audiencias públicas para los 20 nominados con reglas claras y tiempos equivalentes; garantizar la máxima publicidad de expedientes y criterios de evaluación; aplicar revisiones de integridad reforzadas con estándares objetivos; adoptar una decisión final debidamente motivada en sesión pública; y facilitar la observación nacional e internacional.
La misión reiteró que el propósito de todas las acciones debe orientarse a fortalecer la legitimidad del proceso, la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática en Guatemala.