La investigación por un supuesto lavado de dinero que el Estado de Nicaragua emprende, con tres instituciones, es la amenaza más fuerte -por ahora- que la dictadura de Daniel Ortega le ha plantado a la Iglesia Católica en Nicaragua. Es un hecho inédito en la historia del país y, desde el 2018, luego de la crisis socio política que explotó en abril de ese año, es el clímax de una serie de acciones que se han implementado con un sentido escalonado.
Lo que inició como protestas de simpatizantes de Ortega contra el clero católico de diversos departamentos, principalmente Masaya, Managua y Carazo; se vino convirtiendo con el tiempo en acoso policial, exilio forzado por amenazas de muerte, expulsiones del país, arrestos, enjuiciamiento y cárcel. Todo por el papel que jugaron los sacerdotes entre mayo y julio del 2018, durante la denominada “operación limpieza” que el Ejecutivo emprendió para disolver las protestas y despejar, a punta de bala y sangre, los tranques de los manifestantes.
Sólo hace falta ver la foto publicada por un medio de comunicación nicaragüense, en la que el entonces obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, y el párroco de la iglesia San Miguel Arcangel de Masaya, padre Edwin Román, se fusionan en un abrazo empapados de llanto por la crudeza de la violencia que horas antes les había tocado vivir.
Una nota de prensa difundida por la Policía Nacional el 27 de mayo pasado, anunciaba una investigación por lavado de dinero debido al “hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país”. Aunque, a la fecha no han sido mostradas públicamente esas bolsas llenas de dinero, Ortega ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de la Iglesia Católica.
¿Falta lo peor?
“Pero lo peor está por venir”, avizora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida y una de las voces expertas que aportó sus puntos de vista para este análisis.
“A mi me dicen que soy exagerada, pero creo que Ortega quiere eliminar a la Iglesia Católica de Nicaragua”, agrega Molina con convicción, en declaraciones a Centroamerica360.
Sin embargo, al ver en retrospectiva y analizar las acciones del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica, las pregunta que surgen son: ¿qué hay detrás? ¿Qué persigue realmente el régimen al atacarla frontalmente? ¿Podrá Ortega hacer desaparecer a la iglesia de Nicaragua?
Tanto Molina, como Héctor Mairena, analista nicaragüense y directivo de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS); se debe partir de un eje transversal en el análisis. Este eje es el contexto que vive Nicaragua y nos indica que las medidas represivas de Ortega, a partir de la crisis de abril del 2018, han logrado expulsar del país casi toda la disidencia política. El gobierno de Ortega no tiene contrapeso interno y lo único que ha quedado con un planteamiento crítico y “con voz profética que denuncia la verdad”, es la Iglesia Católica.
En este punto coinciden también otro analista y defensor de los derechos humanos y varios juristas, expertos en derecho penal, que prefirieron el anonimato para evitar represalias contra sus familias que aún se encuentran en Nicaragua.
“Partiendo de la cosmovisión del orteguismo, la Iglesia (católica), es el único enemigo interno que hace falta neutralizar”, asegura el promotor de derechos humanos.
La doctora Molina añade un elemento de importancia a este punto de vista y dice: “Si ponemos atención, los últimos párrocos detenidos, son los que han denunciado los abusos del gobierno desde el púlpito. La iglesia ha venido denunciando y no ha callado esto, El oficialismo teme que estas denuncias causen un descontento generalizado que termine en otra crisis política”.
El impacto de la represión
Desde abril del 2018 hasta mayo del 2023, al menos 35 sacerdotes han sido desterrados o expulsados de Nicaragua; otros han tenido que autoexiliarse, muchos han sido encarcelados y condenados entre 10 y 26 años de prisión. El caso emblemático de autoexilio por seguridad es el del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, sobre quien pendía una amenaza de muerte por ser la voz más crítica contra los abusos y violencia del régimen nicaragüense.
En la cárcel permanece aún el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas y obstrucción de la justicia. Báez y Álvarez son dos de los golpes más fuertes que el gobierno de Ortega le ha propinado a la Iglesia Católica en Nicaragua. Ambos han sido las mayores voces críticas contra el régimen orteguista.
Sin embargo, las acciones no solo quedan en los representantes católicos masculinos. Al menos cinco congregaciones de monjas han sido expulsadas del país y, con ellas, numerosas monjas y servidoras de la iglesia. Las primeras en ser expulsadas fueron 18 monjas de la congregación Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta, en julio del 2022. Les siguieron varias monjas de la congregación Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón, en septiembre de ese año. En abril del 2023, el gobierno nicaragüense volvió a expulsar, esta vez, a tres religiosas de la congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata.
El ataque más reciente contra una congregación de religiosas ocurrió a inicios de junio, cuando el gobierno ordenó el cierre del centro educativo de San Sebastián de Yalí, Jinotega, que dirigían las monjas de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac. La personalidad jurídica de esta congregación fue anulada y sus bienes fueron confiscados, de acuerdo con reportes de varios medios de prensa de Nicaragua.
¿Neutralizar, aniquilar o extinguir la voz profética?
Todas estas acciones parecen apuntar, de acuerdo con los analistas consultados, a reducir a su mínima expresión los esfuerzos de las autoridades católicas por lograr justicia en medio de la cruenta represión que impulsa Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien gobierna con el 50 por ciento del ejercicio del poder dentro del Estado.
Debido a esto es que algunos de los analistas consultados es que creen que la lucha no es sólo política; sino espiritual. A Murillo se le identifica, desde la década de los 80 del siglo pasado, como sacerdotisa mística y esotérica, una persona inclinada por las ciencias ocultas que son contrarias al credo católico.
“Por eso creo que en esta represión hay un doble rasero. Por un lado, se intenta reducir la influencia pública de la Iglesia Católica en el feligrés, que son la mayoría en Nicaragua; pero también hay una lucha espiritual por el control. Lo que se quiere eliminar es la posibilidad de que la pareja presidencial pierda el control de la situación política. El control mismo es una lucha espiritual sin precedentes en Nicaragua, se desea controlar lo que la masa piensa, dice, actúa; se quiere controlar la libre movilidad, el libre albedrío, etc. Ellos (la pareja) no quiere más erosión dentro de sus seguidores; por eso, otro objetivo es la legitimación de ellos frente a sus seguidores”, añade uno de los analistas que prefirió el anonimato. Él es un jurista con estudios en teología reformada.
Hector Mairena, de UNAMOS, no cree que el orteguismo tenga la capacidad de aniquilar la Iglesia Católica en Nicaragua. Sin embargo, apunta a que los esfuerzos de Ortega buscan reducirla a su mínima expresión. La doctora Molina también cree que las acciones del gobierno, buscan reducir esa influencia de la denuncia profética de la Iglesia Católica.
De esta forma, el consenso entre los entrevistados apunta a considerar que Ortega verdaderamente apunta a silenciar esa voz y, con ello, reducir la influencia política del “único enemigo interno” que le queda en el país.
Sin embargo, en ese trayecto, hay otros objetivos. “Cuando el orteguismo persigue un plan de acción, piensa en matar a dos pájaros con un mismo tiro. Es decir, persiguen múltiples objetivos. Con la investigación de lavado de dinero, se está apuntando a la cabeza de la Iglesia Católica en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes puede convertirse en la próxima víctima, pero también lo pueden ser algunos de los 222 presos políticos excarcelados. Si analizamos entre líneas lo que está investigando la Policía, no descartan que el supuesto dinero hallado en las bolsas, provenga de los Estados Unidos y de allí puedan salir acusaciones de nuevos delitos contra líderes de la oposición en el extranjero”, afirma el jurista.
Si el planteamiento anterior llega a ser acertado, entonces, la visión de la doctora Molina, de que lo peor está por venir, puede convertirse en una realidad.
