Un nuevo informe elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos ha revelado que las desapariciones forzadas se han consolidado como la herramienta más letal y silenciosa de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018.
El informe se titula “¿Dónde más busco?” y lo elaboraron el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El documento, basado en registros de víctimas, testimonios y peritajes jurídicos y psicológicos, concluye que la desaparición forzada no solo es una práctica sistemática de la dictadura, sino también un crimen de lesa humanidad, ejecutado con el objetivo de silenciar a la disidencia y provocar un efecto de terror social.
Un patrón desde 2018
De acuerdo con la investigación, las desapariciones comenzaron como práctica represiva en 2018, cuando miles de opositores fueron detenidos sin orden judicial ni notificación oficial.
En 2021, con la entrada en vigor de la Ley No. 1060, que reformó el Código Procesal Penal, el régimen amplió legalmente el período de detención “bajo investigación” hasta 90 días sin acusación formal.
La situación se agravó a finales de 2023, cuando los plazos de desaparición dejaron de ser temporales para convertirse en incomunicaciones indefinidas, sin acceso a abogados ni familiares.
“La judicialización secreta funciona como un mecanismo estratégico de control y encubrimiento del Estado”, advierte el informe, señalando que ocultar expedientes y negar comunicación busca garantizar impunidad.
El caso más reciente que ilustra la letalidad de esta práctica es la muerte de Mauricio Alonso Petri, opositor detenido el 17 de julio de 2025.
Pasó 38 días desaparecido y su cadáver fue entregado en un ataúd sellado el 25 de agosto en el Instituto de Medicina Legal de Managua.
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Datos alarmantes
Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualmente 73 personas permanecen detenidas, de las cuales 33 se encuentran desaparecidas forzosamente, lo que representa un 45 % del total.
Los organismos alertan de que esta cifra es un subregistro, ya que el Monitoreo Azul y Blanco ha identificado más casos aún no contabilizados oficialmente.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha advertido que esta práctica responde a un “plan criminal” del régimen Ortega-Murillo para neutralizar la oposición y asegurar su permanencia en el poder.
Torturas y violencia diferenciada
Durante los períodos de desaparición, a las víctimas las trasladan a celdas clandestinas o distritos policiales.
Y en muchos casos, las someten a tortura física y psicológica: simulacros de ejecución, colgamientos, asfixia, agresiones sexuales y privación de sueño, agua y alimentos.
El impacto es aún mayor en grupos vulnerables:
- Mujeres: denuncian violencia sexual y humillaciones específicas de género, desde la desnudez forzada hasta violaciones colectivas.
- Adolescentes: algunos desarrollaron ideación suicida tras el aislamiento prolongado.
- Personas mayores y enfermos crónicos: la falta de medicinas y atención médica convierte la desaparición en una forma de tortura prolongada.
- Líderes indígenas: además del daño individual, la desaparición debilita la defensa de sus territorios y constituye una forma de destrucción cultural.
“Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, subraya el informe.
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El dolor de las familias buscadoras
El documento también documenta el drama de las personas buscadoras, mayoritariamente mujeres, que enfrentan un camino marcado por hostigamiento, desinformación y violencia institucional.
Muchas recorren más de 200 kilómetros en busca de información y las someten a requisas humillantes, tocamientos sexuales y amenazas en estaciones policiales. Una esposa relató entre lágrimas en diciembre de 2024: “¿Dónde más busco?, ¿qué más hago?, ¿ante quién denuncio?”.
El hostigamiento y la falta de información obligan a muchos familiares al exilio, lo que multiplica la angustia y limita aún más la posibilidad de buscar a sus seres queridos en el país.
Exigencia internacional
Las organizaciones firmantes exigen al Estado de Nicaragua poner fin a esta política, liberar de inmediato a las personas detenidas por motivos políticos y establecer mecanismos independientes de verdad y justicia.
También hacen un llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas urgentes que frenen la impunidad.
“El régimen pretende borrar cuerpos y voces, pero la resistencia de quienes buscan mantiene viva la exigencia de verdad y justicia. La desaparición forzada es un ultraje contra la dignidad humana, un crimen que no prescribe y que la comunidad internacional no debe tolerar”, enfatiza el informe.
En suma, el informe devela que la desaparición forzada en Nicaragua no es una práctica aislada, sino una política de Estado que combina castigo, censura y control social.