La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica inició el miércoles el proceso para integrar el tribunal que conocerá una nueva acusación penal contra el presidente Rodrigo Chaves, varios legisladores oficialistas y otros altos funcionarios por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2022.
La Fiscalía General presentó el pasado 23 de junio una solicitud formal para levantar la inmunidad de Chaves y otros cinco jerarcas, incluidos el canciller Arnoldo André Tinoco y cuatro diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Pilar Cisneros, Paola Nájera, Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar, quien además preside el partido.
La acusación se encuentra en la etapa de análisis de los impedimentos planteados por algunos magistrados, mientras se integra el tribunal correspondiente, según informó el Poder Judicial al medio local AmeliaRueda.com.
En el expediente No. 22-000116-1218-PE se investiga la existencia de dos estructuras paralelas que habrían financiado la campaña del PPSD: un fideicomiso privado y las cuentas personales de una mujer de apellido Agüero, actualmente procesada en un expediente separado.
Según la Fiscalía, estos mecanismos operaron fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería partidaria, en contravención de lo establecido en el Código Electoral, lo cual atentaría contra los principios de legalidad, transparencia y publicidad del financiamiento político.
“El Ministerio Público considera que existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral”, detalló la Fiscalía.
Además del presidente y los diputados, figura como imputado el exvicepresidente Stephan Brunner, actual candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano. Si resulta electo en 2026, Brunner podría recuperar fuero constitucional.
Si la Corte Plena considera procedente la acusación, deberá remitir la solicitud a la Asamblea Legislativa para que evalúe el levantamiento del fuero constitucional. Esta sería la tercera vez que los legisladores discuten una petición similar contra el presidente Chaves; la primera por el caso BCIE y la segunda a petición del TSE por supuesta beligerancia política.
A diferencia de los procesos anteriores, esta acusación contempla delitos penales con posibles consecuencias judiciales y no únicamente administrativas.