La candidata oficialista Laura Fernández lidera intención de voto en Costa Rica pero más del 50% sigue indeciso

La candidata oficialista de Pueblo Soberano supera por amplio margen a sus rivales, aunque más del 50 % del electorado aún se declara indeciso.

Laura Fernández, candidata oficialista costarricense.

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano Laura Fernández encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2026 con un 28.1 % de apoyo, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Fernández, exministra de Planificación y de la Presidencia durante el gobierno de Rodrigo Chaves, aventaja con amplio margen a sus contendientes más cercanos. El aspirante de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, figura en un lejano segundo lugar con apenas el 6.2 % de respaldo. Más atrás se ubican Ariel Robles, con 2.9 %, y Claudia Dobles, con 2.3 %. Un 2 % manifestó su intención de votar nulo o en blanco, mientras que el 4.6 % aseguró que apoyará a otros candidatos. El 1.6 % prefirió no responder.

El estudio, realizado entre el 16 y el 25 de octubre mediante entrevistas telefónicas a 901 personas mayores de 18 años, señala que el 52.4 % de los costarricenses aún no ha decidido por quién votar en febrero de 2026. El margen de error es de ±3.3 %, con un nivel de confianza del 95 %.

En el caso de la elección legislativa, los datos reflejan que el 46 % del electorado todavía no define su voto. Pueblo Soberano lidera las preferencias con un 22 %, seguido por Liberación Nacional con 9.5 %, Progreso Social Democrático con 5.6 %, el Frente Amplio con 5.1 % y Unidad Social Cristiana con 2.7 %.

La encuesta también consultó sobre los principales problemas que enfrenta el país. La inseguridad, el crimen y la convivencia social fueron señalados por el 53.5 % de los encuestados como la mayor preocupación nacional. Le siguen la gobernanza, la gestión política y la corrupción (26.4 %), los problemas económicos y de empleo (13.6 %) y los servicios sociales y educativos (3.8 %).

 

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