Las elecciones municipales del 6 de noviembre en Nicaragua estuvieron plagadas de irregularidades y una escasa participación de la ciudadanía, según un informe divulgado por la ONG Urnas Abiertas que desplegó una red de 1,700 observadores ciudadanos en 15 municipios de los 17 departamentos y regiones del país.
En esos comicios, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitió la participación de partidos y candidatos opositores y el Tribunal Supremo Electoral, totalmente controlado por el gobernante Frente Sandinista, adjudició las 153 alcaldías del país a ese partido.
Según Urnas Abiertas, a través de la observación ciudadana se registraron irregularidades, anomalías y violencia política.
“Urnas Abiertas observó participación ciudadana en 366 de los 3.106 Centros de Votación (CV) habilitados en el país, lo que permite concluir que la afluencia a las urnas fue del 17,33 % y el índice de abstencionismo ascendió a 82,67 %”, revela el informe divulgado el miércoles en San José, Costa Rica.
“Los resultados de las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022 han propinado una mortal estocada a la democracia en general y al Desarrollo Local y la Autonomía Municipal en particular”, dijo Olga Valle, directora de Urnas Abiertas al revelar el informe.
La organización logró procesar 1,871 reportes ciudadanos vinculados a 5,821 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jornada de votación. El 94 % de estos reportes provino de personas observadoras en terreno, mientras que el restante 6 % se recibió a través de las líneas de comunicación habilitadas por Urnas Abiertas.
Coacción y fraude
Según el informe, las 5,821 anomalías identificadas por las redes ciudadanas responden a irregularidades en el uso de vehículos del Estado, coacción del voto, indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en los Centros de votación, propaganda electoral al interior de los Centros de votación, padrón no visible y hechos de violencia política. Entre estos últimos destaca la detención de 50 personas entre el 1y el 12 de noviembre en seis departamentos, las dos regiones autónomas y 20 municipios.
“La violencia política se manifestó a través de capturas arbitrarias, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los Centros de votación, control en carreteras, presencia policial desproporcionada y presencia de paramilitares en los Centros de votación”, dice el reporte.
Un 20,03 % de los reportes recibidos (1,166) hacen referencia a la coacción del voto, lo cual está directamente vinculado al uso de vehículos del Estado para trasladar a personas que fueron a votar, en su mayoría obligadas por la estructura partidaria sandinista.
“El FSLN continuó con la práctica de utilizar a “movilizadores”, personas en- cargadas de realizar visitas casa a casa para coaccionar a la población para ir a votar”, señala el reporte.
El informe señala que en los centros de trabajo de las instituciones del Estado, la coacción estuvo
a cargo de las jefaturas y secretarios políticos, quienes a través de mensajes vía Whatsapp monitorearon quiénes de los funcionarios públicos asistieron a votar. Estas personas debían también llevar a los Centros de votación a todos sus familiares mayores de 16 años y enviar pruebas de su asistencia.
“Se registraron 988 irregularidades (16,97 %) vinculadas a actividades que son indicios de fraude electoral. La principal situación tuvo que ver con obstáculos para el ejercicio del voto y se recibieron 861 denuncias de personas que se vieron limitadas o impedidas a votar”, señala Urnas Abiertas.
