La represión contra la libertad de religión o creencias en Nicaragua, bajo la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo se agravó durante 2025, según un informe divulgado el martes por la organización británica Christian Solidarity Worldwide (CSW).
El documento señala que sacerdotes, pastores y líderes laicos fueron sometidos a vigilancia constante, amenazas, interrogatorios y “medidas cautelares” que los obligaban a presentarse semanalmente ante estaciones policiales, informar sobre sus actividades y pedir autorización para salir de sus municipios.
CSW, una destacada organización de defensa de los derechos humanos especializada en la libertad religiosa, registró 309 casos separados de violaciones a la libertad de religión o creencias entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. De ese total, 200 casos afectaron a católicos romanos, 108 a cristianos protestantes, incluidos adventistas del séptimo día, y uno a un periodista no religioso atacado por cubrir temas religiosos.
El reporte agrega que muchas actividades religiosas públicas continuaron prohibidas, entre ellas procesiones católicas tradicionales y celebraciones vinculadas al Día de la Biblia. Según el informe, las actividades que antes se realizaban en espacios abiertos quedaron confinadas al interior de los templos y, en muchos casos, requerían autorización previa de la policía orteguista.
Dentro de las iglesias también hubo control, según el documento. CSW afirmó que líderes religiosos evitaron hablar o rezar sobre asuntos como la justicia, la unidad, los presos religiosos o la situación del país por temor a que el gobierno interpretara esos mensajes como críticas y los tratara como delitos.
El informe también sostuvo que el gobierno mantuvo el cierre forzado de organizaciones de la sociedad civil, incluidas instituciones religiosas, hasta superar las 5,600 entidades ilegalizadas. Además, denunció congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de bienes, imposición de impuestos y cancelación arbitraria de personerías jurídicas.
Entre los casos emblemáticos, el reporte mencionó al pastor Rudy Palacios Vargas, detenido en julio de 2025 junto a varios familiares y colaboradores; a Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, ligadas a la diócesis de Matagalpa; y al reverendo Efrén Antonio Vílchez López, quien continúa preso tras ser condenado en un proceso que, según CSW, ignoró pruebas a su favor.
La organización también denunció exilio forzado de sacerdotes, pastores y religiosas, así como restricciones para ingresar Biblias y otra literatura religiosa por vía terrestre.
En sus conclusiones, CSW afirmó que en 2025 no hubo mejoras en Nicaragua y pidió la liberación de líderes religiosos encarcelados, el fin de la vigilancia estatal y el restablecimiento de derechos fundamentales.