La gestión de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala termina oficialmente este 16 de mayo dejando uno de los mayores niveles de aislamiento diplomático registrados contra un funcionario guatemalteco.
La mujer que fungió como fiscal general durante 8 años enfrenta restricciones de ingreso y sanciones en al menos 44 países, tras ser señalada por gobiernos occidentales de socavar la democracia y obstaculizar investigaciones anticorrupción.
El relevo en la Fiscalía quedó en manos de Gabriel Estuardo García Luna, juramentado por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, en medio de fuertes presiones internacionales para recuperar la credibilidad institucional del Ministerio Público.
Durante su informe final de labores, Porras defendió su administración y aseguró que actuó “con dignidad, responsabilidad y honestidad”, pese a las críticas nacionales e internacionales acumuladas durante sus ocho años de gestión.
Persona no grata en EE UU
El primer gran golpe diplomático contra la exfiscal llegó desde Estados Unidos en 2021, cuando Washington la incluyó en la Lista Engel tras la destitución del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Posteriormente, el Departamento de Estado amplió las sanciones acusándola de participar en actos de corrupción y de interferir en investigaciones sensibles.
La presión internacional aumentó después de las elecciones generales de 2023, cuando el Ministerio Público impulsó acciones judiciales contra los resultados que dieron la victoria a Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera.
La Unión Europea respondió en 2024 con sanciones que incluyeron congelamiento de activos y prohibiciones de ingreso a los 27 países del bloque.
A las medidas europeas se sumaron posteriormente países aliados como Reino Unido, Noruega, Suiza, Ucrania y Canadá. En total, las restricciones alcanzan a 44 países, convirtiendo a Porras en uno de los funcionarios guatemaltecos con mayor nivel de sanciones internacionales en la historia reciente del país.
Las sanciones también alcanzaron a figuras cercanas a la exfiscal general, entre ellas Rafael Curruchiche, Ángel Pineda, Leonor Morales y la fiscal Cinthia Monterroso, señalados por Washington y Bruselas de participar en acciones que debilitaron el sistema democrático guatemalteco.
La salida de Porras ocurre además en medio del exilio de jueces, fiscales y periodistas que denunciaron persecución política durante los gobiernos de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina. Ahora, la expectativa regional e internacional se centra en si la nueva administración del MP logrará revertir años de cuestionamientos y recuperar la confianza institucional.