El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la Ley Especial de Emergencia Vial, que declara estado de emergencia por un año y permitirá intervenir unos 2,700 kilómetros de la red vial. La medida busca atender el deterioro de las carreteras antes de la Semana Santa y de la próxima temporada de lluvias.
La normativa fue aprobada en un solo debate y en dispensa, tras consensos entre las distintas bancadas. El decreto autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar de forma inmediata trabajos de mantenimiento, rehabilitación y control en carreteras estratégicas del país.
Según el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, la red vial nacional enfrenta un “estado caótico”, con accidentes frecuentes, mayores tiempos de traslado y altos costos de operación para los usuarios.
La ley contempla operativos de bacheo, señalización, dragado de ríos y reconstrucción de bordos, además de la construcción y ampliación de puentes en puntos clave. Se priorizarán corredores turísticos, rutas productivas y accesos a ciudades con alto flujo vehicular.
Aprobamos por unanimidad la Ley Especial de Emergencia Vial, para actuar de inmediato en carreteras dañadas, prevenir inundaciones y fortalecer a los municipios en todo el país con la entrega del kit de maquinarias.
Significa menos peligro en el camino,
más seguridad para… pic.twitter.com/KGaAxyujN6— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) February 11, 2026
Uno de los ejes centrales es la creación de un programa especial para dotar de maquinaria pesada a las alcaldías, incluyendo motoniveladoras, retroexcavadoras y volquetas. Las municipalidades deberán firmar convenios de uso y rendición de cuentas, con seguros y planes de mantenimiento obligatorios.
La inversión estimada oscila entre 750 y 800 millones de lempiras (aproximadamente entre $30 y $32 millones), financiados con fondos nacionales. El gobierno aseguró que no se contratará deuda externa y que se habilitará un portal de datos abiertos para dar seguimiento en tiempo real a la ejecución de los recursos.
Las bancadas legislativas respaldaron el decreto, pero advirtieron que esperan resultados concretos en el plazo de un año. De lo contrario, cualquier ampliación deberá estar respaldada por mejoras visibles en la red vial del país.