La Cuenta Única de Tesorería (CUT) de Honduras enfrenta en 2026 embargos por 3,903.9 millones de lempiras (unos $158 millones), según la Secretaría de Finanzas.
Educación y Salud figuran entre las instituciones con mayores montos retenidos, en un contexto que impacta directamente las finanzas públicas del país.
El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, informó en conferencia de prensa que las retenciones acumuladas en lo que va del año ya superan los 3,903.9 millones de lempiras ($158 millones). Estos recursos, advirtió, ya no podrán ser utilizados por el Gobierno.
Del total embargado, el 68% corresponde a instituciones descentralizadas, equivalente a 2,663.5 millones de lempiras ($108 millones). En tanto, el gobierno central concentra 1,034.2 millones de lempiras ($42 millones), lo que representa el 26% del total retenido.
Las municipalidades también han interpuesto acciones administrativas que suman 206.1 millones de lempiras ($8.3 millones), alrededor del 5% del monto global, de acuerdo con los datos oficiales presentados por Finanzas.
Entre las instituciones más afectadas destaca la Secretaría de Educación, con embargos que ascienden a 11,566 millones de lempiras ($469 millones), seguida por la Secretaría de Salud (Sesal), con 7,418 millones de lempiras ($301 millones).
También figuran la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), con 2,227 millones ($90 millones), y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), con 1,712 millones ($69 millones).
Otras entidades impactadas son la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, con 1,655 millones de lempiras ($67 millones); la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ambas con más de 1,000 millones ($40 millones) en embargos.
Además, se reportan retenciones por 923 millones ($37 millones) al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), 46 millones ($1.8 millones) al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y 36 millones ($1.4 millones) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
“Estos son fondos que ya no podrán ser utilizados por el gobierno por haber hecho malos despidos, procedimientos y en algunos casos por la aparente colusión que hay entre algunos funcionarios y abogados privados”, afirmó el ministro Hernández Hércules, al advertir sobre el impacto de estas demandas en la ejecución presupuestaria y en la capacidad operativa del Estado hondureño.