El exjefe del ejército de Honduras, el general retirado Roosevelt Hernández, afirmó que las acusaciones judiciales en su contra buscan impedirle continuar en la actividad política y optar a cargos públicos.
Hernández, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras durante el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro (2022-2026), sostuvo que esa sería una de las consecuencias del proceso que enfrenta por acciones contra periodistas.
“Sé que toda esta situación que está pasando está enfocada a sacarme de esta participación en política”, declaró.
El exjefe militar agregó que uno de los delitos que le imputan contempla una prohibición para ejercer cargos públicos durante varios años. Sin embargo, no precisó durante su intervención el plazo exacto de esa eventual restricción.
Además, al ser consultado sobre una eventual participación política, respondió que aceptaría si recibiera la oportunidad.
Hernández fue criticado durante los últimos meses de su gestión, por sus declaraciones pro partido Libre (el de Castro), cuando el cargo que ostentaba conlleva la neutralidad política.
El proceso involucra ataques contra periodistas
La Fiscalía acusa a Hernández de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales en perjuicio de periodistas y comunicadores.
#HCHNoticias | En una contundente ampliación de sus declaraciones, el exjerarca de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ratificó que las recientes acusaciones en su contra responden a un plan orquestado para frenar sus aspiraciones públicas y sacarlo del mapa electoral.
— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 13, 2026
Entre los afectados figuran Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y Dagoberto Rodríguez.
La investigación también relaciona al general retirado con publicaciones difundidas mediante FFAA Digital, las plataformas institucionales de las Fuerzas Armadas.
Según la acusación, esos canales difundieron mensajes de desprestigio, estigmatización y ataques contra comunicadores.
Periodistas denunciaron presiones durante el caso
Durante las audiencias, periodistas señalaron que recibieron llamadas intimidatorias y presiones para acudir al Estado Mayor Conjunto.
También denunciaron episodios de vigilancia y seguimiento a familiares, en un contexto que describieron como de riesgo.
Además, testimonios de personal militar indicaron que las publicaciones difundidas desde las plataformas institucionales requerían autorización del alto mando.
La Fiscalía utiliza esas declaraciones para sostener la responsabilidad de Hernández en los hechos investigados.
La causa continuará en los tribunales
La justicia hondureña dictó auto de formal procesamiento contra el general retirado.
Su defensa presentó recursos de apelación y amparo para buscar el sobreseimiento definitivo del caso.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones declaró inadmisibles esas acciones. Por ello, el proceso judicial continuará en los tribunales.