El gobierno de Laura Fernández en Costa Rica dio marcha atrás en un recorte de más de $6.6 millones (3,000 millones de colones) que planeaba ejecutar contra el Poder Judicial, según informó la Dirección General del Presupuesto Nacional.
La Corte Plena conoció en sesión un comunicado de la Dirección en la que se les comunicó que se detuvo el recorte de presupuesto a los fondos disponibles para 2026. El gobierno había planificado dos recortes de 1,526 millones de colones ($3.3 millones) cada uno.
El recorte de presupuesto fue informado al Poder Judicial el 20 de julio, mientras la presidencia de la Corte Suprema de Justicia presentó la siguiente semana una recurso de revocatoria ante la medida, la cual, aún está pendiente de resolución.
Eso sí, el recorte acordado en Corte Plena por $29.4 millones (13,220 millones de colones) como “contribución institucional al esfuerzo fiscal del país” se mantienen. La medida fue tomada por los magistrados luego que el gobierno asegurara que eran necesarias medidas fiscales ante la baja recaudación tributaria.
En ese sentido, aunque los otros recortes se revirtieron, los magistrados consideran que ya dejó un daño porque se habían reprogramado “compras y planes de trabajo en todas las áreas” como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Incluso, alegaron afectaciones en las operaciones del OIJ para realizar allanamientos y demás actividades.
La magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, dijo que sin duda el plantón en apoyo al Poder Judicial “ha tenido un impacto positivo” en la respuesta a sus objeciones en el recorte. “El apoyo que nos han demostrado con su manifestación ciudadana impacta el quehacer de toda la República”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) coincidió en que el plantón influyó en la decisión, lo que, reafirmaría “la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto”.
El gobierno de Fernández y el Poder Judicial se han mantenido en constantes disputas, en las que el oficialismo incluso se ha negado a elegir a los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional y denunció a los propietarios por extender el período de funciones de los jueces que terminaron su cargo en diciembre de 2025.