La Fiscalía General de Costa Rica abrió un proceso penal en contra de la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, por el supuesto nombramiento ilegal de la nueva directora de la Policía de Control Fiscal (PCF), quien no cumpliría los requisitos para el cargo.
De acuerdo a la información divulgada, el Ministerio Público recibió una denuncia por la ilegalidad de cargo, por lo que, se abrió el proceso penal por el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la PCF, quien no tendría rango policial.
La Ley general de policía de Costa Rica requiere que el director general debe tener como mínimo un rango de comisionado y aparentemente, Tenorio no contaría con este requisito, pues solo se conoce que es abogada y notaria, criminóloga y con posee una maestría en Derecho y Negocios Internacionales.
Las modificaciones controversiales
El proceso contra los altos funcionarios consta en el expediente 26-000076-0033-PE, en el que se denuncia que Fernández y Chaves realizaron modificaciones controversiales a los reglamentos a solo unos días del nombramiento de Tenorio para obviar los requisitos de ley.
La denuncia sostiene que estas acciones de Fernández y Chaves irrespetan en apariencia el principio de legalidad, pues días antes del nombramiento, el Ejecutivo emitió un decreto que reformó el reglamento interno para eliminar el requerimiento de grados policiales para direcciones de policía.
Sin embargo, el requerimiento sigue vigente en los criterios de la Procuraduría General, del Ministerio de Hacienda y en el Manual Institucional de Clases de Puestos de la Policía de Control Fiscal, que describe los perfiles para personal del cuerpo policial bajo la dirección de Hacienda.
El diputado de Frente Amplio, Antonio Trejos, dijo que una disposición administrativa como un reglamento interno no puede modificar o eliminar un requisito contemplado en la ley, por lo que, un decreto no podría cambiar las condiciones del nombramiento.
Como primer paso, la Fiscalía deberá revisar el proceso de selección de Tenorio y los documentos que justifican su nombramiento en el cargo. Además, deberá verificar la participación de los dos denunciados y su responsabilidad penal.