El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, propuso que las pruebas de polígrafo para altas autoridades incluida la presidenta, Laura Fernández, sean realizadas por “organismos serios” como Administración para el Control de Drogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y no por empresas pagadas por el gobierno.
Díaz fue citado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde el diputado oficialista de Pueblo Soberano, Fernando Obaldía le cuestionó si no se cometió a la prueba por miedo al resultado, por orgullo o por otro motivo; a lo que respondió que no se la realizará con empresas pagadas por el gobierno.
“Yo no tengo ningún problema, yo no he dicho que no me la voy a realizar”, respondió Díaz, alegando estar dispuesto a someterse al polígrafo si se aplica una prueba estándar para la presidenta Fernández, ministros y funcionarios de la “Fuerza Élite” y que sea aplicada por “organismos serios” como la DEA o el FBI.
“Tengo cuatro años de estar recibiendo ataques y sé que me han buscado, que han rebuscado, que han hecho todo lo posible por ver cómo manchan mi imagen y lo siguen haciendo. Hay cosas que son de vanidad, que esas no me preocupan en lo más mínimo y otras cosas que yo, como le digo, yo me someto en cualquier momento; no con una empresa privada, no lo voy a hacer así”, aseveró Díaz ante los diputados.
El fiscal aseguró que “jamás” se sometería a una prueba de polígrafo con una empresa “para que manipulen una prueba” y que así luego puedan cuestionarlo. “No tengo nada que ocultar. ¿Usted cree que a mí no me han investigado las cuentas? ¿Usted cree que no me han hecho seguimientos de qué hago y qué no hago? No tengo ningún temor ni nada que ocultar” sostuvo ante la Asamblea.
Esta misma semana, la presidenta Fernández anunció la destitución de siete directores policiales por no haber aprobado la prueba del polígrafo, donde supuestamente se les cuestionó sobre temas de crimen organizado, narcotráfico y recibir ilícitos en ejercicio de sus funciones.
La mandataria costarricense informó que de los 33 funcionarios que se sometieron a las pruebas, solo siete no la aprobaron, quienes fueron retirados de sus cargos de confianza y contra quienes se inició una investigación dirigida por la Presidencia.