Finaliza la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso de Honduras tras cuatro años de crisis legislativa

El diputado no reelecto del oficialismo concluye su mandato al frente del Congreso Nacional dejando una historia llena de irregularidades, abusos, envalentonamientos y atropellos. Su gestión fue, según sus críticos, oscura. Sus polémicas trascienden lo legislativo, pues los escándalos personales también estuvieron presentes

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras hasta la medianoche de este 20 de enero de 2026.

Este 20 de enero de 2026 finaliza el período de Luis Redondo Guifarro como presidente del Congreso Nacional de Honduras, junto con su Junta Directiva, que asumió funciones en enero de 2022 tras una disputa interna en el partido Libertad y Refundación (Libre).

Con el cierre de esta gestión, el Poder Legislativo inicia un nuevo ciclo institucional marcado por el relevo de autoridades y la reorganización del pleno para el período 2026-2030.

Nuevo Congreso inicia funciones el 21 de enero

De acuerdo con la Constitución de la República, el 21 de enero asumen funciones los 128 diputados propietarios y suplentes electos en los comicios generales de noviembre de 2025.

Ese día deberán elegir una Junta Directiva Provisional, integrada por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria y un vicepresidente o vicepresidenta.

Posteriormente, el 23 de enero, la directiva provisional convocará al pleno para elegir la Junta Directiva en propiedad, que estará conformada por un presidente, 7 vicepresidentes, 5 vicepresidentes alternos, 2 secretarios, 2 prosecretarios y 2 secretarios alternos.

Presidencia del Congreso, cargo clave del período 2026-2030

La normativa establece que solo la presidencia del Congreso dura cuatro años, mientras que el resto de los cargos pueden ser rotados durante el período legislativo.

Luis Redondo concluye formalmente su administración a la medianoche del 20 de enero, cerrando una etapa que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

Tensiones institucionales marcaron el cierre de la gestión

El final del período legislativo estuvo marcado por el intento del Congreso de intervenir en el proceso electoral de 2025, mediante el Decreto 58-2025, que exigía un recuento “voto por voto” en más de 19,000 Juntas Receptoras de Votos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, respondió que el organismo es un ente constitucional autónomo, sin subordinación a ningún poder del Estado, y aclaró que la declaratoria oficial de elecciones ya fue emitida conforme a la Constitución y la Ley Electoral.

Hall explicó que dicha declaratoria agotó la competencia administrativa del CNE en materia de escrutinio y conteo de votos.

Recursos legales contra el decreto del Congreso

Exfuncionarios del CNE y diputados electos de las bancadas nacionalista y liberal presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto el decreto aprobado por el Congreso saliente.

Entre los firmantes figuran Roberto Callejas, Flavio Nájera, Denis Gómez, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre y Germán Lobo, quienes alertaron sobre riesgos a la institucionalidad electoral.

También instaron a las Fuerzas Armadas a cumplir su mandato constitucional de resguardar el material electoral y preservar el orden.

Opacidad y subvenciones sin rendición de cuentas

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señaló que el Congreso saliente operó con altos niveles de opacidad, especialmente en el manejo de subvenciones legislativas.

César Espinal, director del Observatorio de Política Criminal del CNA, informó que las subvenciones asignadas durante esta gestión alcanzaron casi 600 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente $24.4 millones, sin que existiera una rendición de cuentas pública.

Espinal indicó que esta práctica se mantuvo y se amplió durante el período que hoy concluye.

Transición legislativa abre nueva etapa política

Con la salida de Luis Redondo del Congreso Nacional, Honduras inicia una transición legislativa que definirá la conducción del Poder Legislativo en un contexto de alta expectativa política e institucional.

La elección de la nueva Junta Directiva marcará el rumbo del Congreso para el período 2026-2030, tras una de las gestiones más controvertidas de los últimos años.

 

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