Este domingo 3 de marzo, la Costa Caribe de Nicaragua ha sido testigo una vez más de unas elecciones regionales envueltas en polémica y opacidad, marcadas por la falta de competitividad política y la represión sistemática del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde las primeras horas de la jornada, la sombra del fraude se cernió sobre los centros de votación donde se espera elegir a los 90 miembros de los Consejos Regionales Autónomos y sus suplentes en las 2 regiones de Nicaragua: Caribe Sur y Caribe Norte.
Las imágenes difundidas por los medios afines al régimen mostraban una participación ciudadana escasa, revelando una apatía generalizada hacia un proceso electoral carente de legitimidad por la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.
Una semana atrás, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones regionales libres, justas y competitivas en Nicaragua, en un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y la militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe”.
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, en su informe inicial, denunció una serie de irregularidades que socavan la credibilidad del proceso.
La baja afluencia de votantes contrastaba con la presencia intimidante de operadores sandinistas y una excesiva presencia policial, evidenciando la falta de condiciones democráticas para unas elecciones libres y justas.
La coacción y el control del Estado se hicieron sentir en todo momento, con el uso de recursos públicos para movilizar votantes y la presión sobre trabajadores estatales, estudiantes y beneficiarios de programas sociales para ir a votar por el partido de la dictadura Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Todo ello en un intento desesperado por mantener el control absoluto de las regiones autónomas dentro del engranaje totalitario del régimen Ortega-Murillo.
La cancelación del principal partido regional y la encarcelación de sus líderes principales en vísperas de los comicios revelan una vez más la naturaleza autoritaria y represiva del régimen de Ortega-Murillo, tal y como lo hicieron en los comicios de 2021, cuando se reeligieron por cuarta vez consecutiva tras encarcelar a decenas de precandidatos electorales.
La persecución de la disidencia política y la eliminación de cualquier competencia real son prácticas habituales en un sistema que busca perpetuarse en el poder a cualquier costo.
Bajo el manto de la democracia, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y los medios afines al régimen intentan legitimar un proceso electoral viciado y al servicio exclusivo del FSLN.
La presencia de partidos “colaboracionistas” en la boleta electoral no hace más que evidenciar la farsa montada para simular una competencia inexistente, alerta Urnas Abiertas.
Para la organización de observación electoral, las elecciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua “son una triste parodia de la democracia, una farsa grotesca que solo sirve para perpetuar la dictadura y el sufrimiento del pueblo nicaragüense bajo el yugo del FSLN”.
