El indultado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusó al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, de promover un “montaje” político basado en audios presuntamente falsificados con inteligencia artificial para atacar a líderes conservadores de la región.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Hernández aseguró que los audios del “Hondurasgate” difundidos por medios de izquierda son falsos y afirmó que fueron manipulados mediante inteligencia artificial. Además, acusó a Petro de promover una campaña política contra líderes conservadores de la región.
Señala una supuesta estrategia política regional
En su publicación, el exmandatario hondureño afirmó que existe un plan impulsado por “la izquierda radical” para desestabilizar a dirigentes de derecha en América Latina y Estados Unidos.
Hernández mencionó al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario argentino Javier Milei como parte de los líderes que, según él, enfrentan ataques políticos similares.
Además, criticó a Petro por emitir declaraciones públicas sin verificar previamente la autenticidad de los audios difundidos en internet.
“El primer deber de un estadista es verificar la información”, escribió Hernández en su mensaje dirigido al mandatario colombiano.
Un saludo respetuoso al pueblo colombiano.
Señor @petrogustavo, se le cae la máscara. Este montaje no es un hecho aislado; es parte de un plan diseñado por esa ideología radical de izquierda que usted promueve, cuyo único objetivo es desestabilizar a los líderes que…
— Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) May 21, 2026
Exgobernante asegura que informe forense descartará autenticidad de grabaciones
El expresidente hondureño sostuvo que un informe forense internacional “definitivo y firmado” demostraría que las grabaciones fueron alteradas digitalmente.
Según Hernández, el análisis técnico detectó cortes, ediciones y supuestos rastros de clonación de voz mediante inteligencia artificial. También calificó el material como un “Frankenstein digital”.
Hasta ahora, no se ha publicado oficialmente el informe mencionado por el exmandatario hondureño.
El caso judicial de Hernández sigue generando división política
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. En 2022 fue extraditado hacia Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
Juan Orlando Hernádez, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado ena Colombia por su amenaza contra nuestra democracia.
Presentaré denuncia contra este forajido extranjero pic.twitter.com/gEVO5CNRaX
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2026
En marzo de 2024, un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de conspiración para importar cocaína, uso de armas y delitos vinculados al tráfico de drogas.
Posteriormente, en junio de 2024, recibió una condena de 45 años de prisión. La fiscalía estadounidense lo señaló como figura clave de un presunto “narcoestado” en Honduras.
Sin embargo, a finales de 2025, Donald Trump le concedió un indulto federal. La medida permitió la liberación de Hernández de una prisión federal estadounidense.
Tras recuperar su libertad, Hernández comenzó una campaña pública para defender su inocencia y denunciar una supuesta persecución política.
Persisten investigaciones y cuestionamientos en Honduras
Aunque el indulto eliminó las consecuencias penales federales en Estados Unidos, especialistas recuerdan que no equivale a una absolución judicial.
Además, Hernández todavía enfrenta señalamientos y procesos pendientes en Honduras relacionados con presuntos casos de corrupción.
Entre ellos figura el llamado “Caso Pandora”, una investigación sobre supuesto desvío de fondos públicos hacia campañas políticas.
El exgobernante y sus aliados sostienen que el proceso judicial en Estados Unidos respondió a motivaciones políticas. Por el contrario, sectores críticos consideran que existió amplia evidencia sobre vínculos entre estructuras criminales y funcionarios hondureños.
La nueva confrontación entre Hernández y Petro revive la polarización política alrededor del exmandatario hondureño y su situación judicial internacional.