Los dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen intención de abandonar el poder y que las recientes reformas impulsadas por el oficialismo buscan consolidar un control político indefinido sobre el país, así lo denuncia Kevin O’Reilly, el exencargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, entre 2023 y diciembre de 2025.
En un artículo titulado “Las farsas nicaragüenses”, O’Reilly señaló que las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio, cuando aseguró que en Nicaragua “no más elecciones”, confirman que el Gobierno no pretende abrir espacios para una competencia política. Según el exdiplomático, las explicaciones posteriores ofrecidas por funcionarios oficialistas no modifican el objetivo de mantener el control absoluto del Estado.
“Ortega regresó a la presidencia el 10 de enero de 2007, y él y su esposa claramente harán todo lo posible para dejar el poder sólo con los pies por delante. No se someterán a ningún proceso sin un resultado predeterminado a su favor”, escribió O’Reilly al analizar el panorama político nicaragüense.
El exfuncionario estadounidense recordó que la derrota electoral de Ortega frente a Violeta Chamorro en 1990 continúa siendo, a su juicio, una experiencia que marcó al mandatario. También sostuvo que las protestas de 2018 reflejaron un profundo descontento ciudadano hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En su análisis, O’Reilly aseguró que las reformas aprobadas en 2025, entre ellas la creación de la copresidencia encabezada por Rosario Murillo, el aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta 2027 y la subordinación de los demás poderes del Estado al Ejecutivo, forman parte de un proceso destinado a fortalecer el control político del oficialismo.
El diplomático también criticó la propuesta de ampliar el mandato presidencial a siete años renovables. A su juicio, esa modificación permitiría que Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, permanecieran en el poder de manera indefinida. Incluso comparó el modelo impulsado por el Gobierno con sistemas corporativistas del siglo XX, al considerar que las consultas anunciadas para reformar la Constitución excluyen a las voces críticas e independientes.
O’Reilly cuestionó además la integración de la comisión encargada de discutir las reformas constitucionales, al señalar que está conformada por representantes afines al oficialismo, entre ellos funcionarios públicos, miembros de las fuerzas de seguridad, organizaciones sociales cercanas al Gobierno, sindicatos y sectores empresariales que, según afirmó, actúan bajo presión.
Finalmente, el exencargado de negocios instó a los gobiernos de la región a pronunciarse frente a la situación política en Nicaragua y advirtió que guardar silencio ante el deterioro democrático solo favorece el fortalecimiento de los regímenes autoritarios.
“La paz surge del respeto a los demás, no de ignorar su sufrimiento”, concluyó.