El Gobierno de España descartó, por el momento, designar un nuevo embajador en Nicaragua y confirmó que mantiene únicamente contactos mínimos con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La postura fue expresada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una respuesta escrita al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, quien consultó sobre la posibilidad de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con Managua.
Según la Cancillería española, los vínculos bilaterales atraviesan una etapa de especial dificultad desde el pasado 25 de enero, cuando el régimen nicaragüense expulsó al embajador de España en Managua y a la segunda jefatura de la misión diplomática.
El Gobierno español recordó que la expulsión estuvo acompañada de acusaciones de supuesta injerencia en asuntos internos y que los diplomáticos recibieron un plazo de 24 horas para abandonar el país. Además, la medida también afectó a cinco cooperantes españoles que desarrollaban labores en territorio nicaragüense.
Ante esa decisión, España respondió aplicando el principio de reciprocidad y expulsó al embajador de Nicaragua acreditado en Madrid, así como a otro funcionario de la representación diplomática nicaragüense.
Desde entonces, la representación española en Managua se mantiene a nivel de encargado de negocios, una fórmula que permite conservar la actividad diplomática básica sin elevar la relación al rango de embajador.
La Cancillería indicó que la finalidad de mantener esta representación es sostener los contactos estrictamente necesarios con las autoridades nicaragüenses y garantizar la atención de asuntos consulares para los ciudadanos españoles residentes en el país centroamericano.
Asimismo, explicó que, pese al momento delicado que atraviesa la relación bilateral, España mantiene abiertos algunos canales de comunicación para proteger los intereses de sus nacionales, principalmente empresarios y cooperantes que continúan desarrollando actividades en Nicaragua.
El Gobierno español reiteró además su posición crítica frente al rumbo político adoptado por la administración Ortega-Murillo y aseguró que ha condenado de forma constante las violaciones a los derechos humanos y la persecución contra opositores, periodistas y miembros de la sociedad civil.
En ese contexto, destacó que España ha impulsado dentro de la Unión Europea la aplicación de sanciones contra funcionarios nicaragüenses y ha otorgado la nacionalidad española a ciudadanos que fueron despojados de su nacionalidad por las autoridades de Managua.
También señaló que, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desarrolla programas de reasentamiento que ofrecen residencia y permisos de trabajo en España para refugiados nicaragüenses ubicados en distintos países de Centroamérica.