La Ley de Justicia Energética entró en vigor en Honduras tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de septiembre.
La norma reforma el marco legal del sector eléctrico y establece cambios en la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Tarifa eléctrica queda congelada por seis meses
Uno de los principales efectos de la nueva legislación será la congelación de la tarifa eléctrica.
La ENEE no podrá incrementar durante seis meses la tarifa aplicada en el último recibo generado a cada usuario.
El Congreso Nacional podrá extender este período por otros seis meses.
La medida forma parte de las disposiciones incluidas en la reforma de la Ley General de la Industria Eléctrica.
ENEE mantendrá el control estatal
La ley establece que la ENEE conservará su carácter público durante el proceso de reorganización.
La estatal operará mediante tres subsidiarias dedicadas a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
El Estado hondureño conservará el 100 % de las acciones de estas empresas.
Además, las acciones no podrán transferirse a terceros ni incorporar accionistas distintos de la ENEE matriz.
“La ENEE sigue siendo del pueblo hondureño”, afirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
La reorganización busca modificar la estructura operativa de la estatal sin privatizarla.
Condonación de deudas para consumidores de bajo consumo
La legislación también contempla la condonación de deudas para usuarios con un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios.
Zambrano estimó que esta medida podría beneficiar a unas 500.000 personas, considerando a sus familias.
El beneficio se incorpora al conjunto de medidas dirigidas a los usuarios del servicio eléctrico.
Reforma recibió 78 votos en el Congreso
El Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética el 31 de agosto.
La iniciativa recibió 78 votos de diputados de las distintas bancadas representadas en el Legislativo.
La norma reforma varios artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica, vigente desde 2014.
Su publicación en La Gaceta, número 37.258, permitió su entrada en vigor el 29 de septiembre.
