Las principales gremiales empresariales de Guatemala y centros de pensamiento solicitaron al presidente Bernardo Arévalo vetar un decreto aprobado por el Congreso de la República el 2 de septiembre.
La ley avalada por el legislativo permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) utilicen los recursos no ejecutados en 2024 para continuar proyectos de infraestructura local interrumpidos por falta de fondos o trámites administrativos.
Según los diputados que apoyaron la medida, la ley garantizaría la continuidad de proyectos en municipios y departamentos, mejorando condiciones de vida y promoviendo desarrollo económico y social.
Rechazo del sector empresarial
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) expresó preocupación por la falta de discusión técnica en el Congreso. Señaló que la norma contradice las mejores prácticas de inversión pública y representa un retroceso en la lucha contra la corrupción.
📢 Cámara de Comercio de Guatemala solicita al señor Presidente de la República, Bernardo Arévalo, vetar el Decreto 7-2025. pic.twitter.com/FpsmL8RHSt
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) September 3, 2025
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también pidió el veto presidencial. Argumentó que el decreto viola el principio de anualidad presupuestaria y otorga al Ministerio de Finanzas atribuciones exclusivas del Legislativo, lo que abriría la puerta a fondos paralelos sin control político.
🚨 La transparencia en el uso de los recursos públicos debe garantizarse. #ComunicadoCACIFhttps://t.co/iqc5s7cNSg pic.twitter.com/uEJ9Aw02hs
— CACIF (@CACIFGuatemala) September 3, 2025
La Cámara de Comercio de Guatemala coincidió en que la norma debilita la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos. En su pronunciamiento afirmó que su aprobación crea riesgos de opacidad en la administración financiera del Estado.
Propuestas de los tanques de pensamiento
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) recomendó al Ejecutivo y al Congreso fortalecer el marco presupuestario sin recurrir a arrastres automáticos de fondos. Sugirió mantener el ciclo anual del presupuesto, aplicar compromisos multianuales solo en proyectos con expedientes completos y reforzar el control interno de adquisiciones.
El CIEN planteó también sustituir el “silencio positivo” por revisiones sustantivas, mejorar la trazabilidad digital y establecer auditorías concurrentes. Además, propuso metas trimestrales y reasignaciones de fondos dentro del mismo ejercicio fiscal cuando no se cumplan hitos críticos.
Solicitud de veto presidencial
Tanto las gremiales empresariales como el CIEN coincidieron en que la aprobación del Decreto 7-2025 representa un riesgo para la institucionalidad y la transparencia. En sus comunicados llamaron al presidente Bernardo Arévalo a vetar la normativa como muestra de compromiso con el combate a la corrupción y la defensa del orden jurídico.