El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reiteró su oposición a la pretendida Ley de Justicia Tributaria del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, por considerar que así como está redactada y presentada ante el Congreso Nacional deja vacíos jurídicos que, a futuro pueden generar problemas en su aplicación.
Debido a esto, solicitó a los diputados un profundo análisis del proyecto y que tomen en cuenta sus observaciones, con el objetivo de evitar futuros conflictos.
“Esto no debe verse como una lucha de poder entre el gobierno con otros sectores de la población”, dice un comunicado de la Cohep.
“Este proceso no debe utilizarse para llevar mensajes de división entre la población hondureña, todos los sectores cumplimos un rol importante en la ciudadanía y debe de escucharse a todos por igual”, agrega.
Los empresarios expusieron precisamente sus observaciones y recomendaciones este lunes ante las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y una comisión legislativa.
“Nosotros hemos expuesto las inquietudes que tiene el sector privado empresarial en la reforma constitucional que, aunque sabemos que en este momento no van a entrar a discusión, pero había que señalarlo, porque el documento que nos envió el presidente del Congreso fue en ese sentido”, dijo el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
La diputada oficialista de Libre, Bessy Ayala, dijo que en la reunión hubo puntos de coincidencia entre los legisladores y empresarios y aseguró que se tomaría como base para lograr acuerdos.
«Se coincidió en que es necesario revisar y poner un alto a los abusos de las exoneraciones como están concebidas actualmente. Eso es un punto de partida que nos indica que se pueden llegar a acuerdos en el resto del contenido tanto en la Ley de Justicia Tributaria como en los otros tres proyectos de decreto que vienen acompañadas», explicó.
Desde que se conoció la propuesta, calificada como paquetazo por opositores y varios empresarios, hubo señalamientos al respecto.
La Cohep insistió en que debe existir un diálogo franco entre los involucrados en el proceso de socialización de la ley.
La reforma propuesta por la presidenta Castro elimina una serie de exenciones fiscales a empresas y según los privados, si esto ocurre se pondrán en riesgo decenas de miles de empleos.
La semana pasada, en Choluteca, hubo una marcha de protesta al paquetazo, lo que provocó que el Consejo de Defensa y Seguridad del gobierno, con la mandataria al frente, ordenara investigar a los organizadores de la misma por considerar que se trata de un plan de desestabilización.
