La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua lanzó una campaña en redes sociales para promover la salida voluntaria de nicaragüenses indocumentados que residen en ese país, mediante el uso de la aplicación CBP Home.
La aplicación es una herramienta oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) orientada a facilitar retornos sin procesos judiciales migratorios.
A la vez, promueven el cobro de un incentivo económico a cambio de la auto deportación.
“Con CBP Home podés regresar a casa voluntariamente y de manera segura. Si conoces a alguien en Estados Unidos que no tiene papeles y quiere regresar, recomiéndale la aplicación CBP Home —una forma segura, voluntaria y confidencial de volver”.
“Sin riesgos. Asistencia de viaje. Bono de 1.000 dólares al regresar”, señala el mensaje difundido en las cuentas oficiales de la sede diplomática en Instagram y Facebook.
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Duro contexto
La campaña se produce en medio de un endurecimiento de la política migratoria estadounidense tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia en enero de 2025.
Desde entonces ha acelerado medidas que buscan acelerar deportaciones, limitar el acceso al asilo y promover retornos “voluntarios” como alternativa a procesos legales prolongados.
Según datos oficiales divulgados por el propio Gobierno estadounidense, más de 6.000 nicaragüenses han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025, en al menos 54 vuelos.
La cifra ya supera los totales registrados en 2023 y 2024 y marca uno de los niveles más altos de expulsiones en los últimos años.
El mensaje de la embajada llega en un contexto particularmente sensible para la comunidad nicaragüense en el exterior.
Desde 2018, más de 100.000 ciudadanos de Nicaragua han solicitado asilo en Estados Unidos, alegando persecución política, represión estatal y falta de garantías civiles bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Todo en contra en EEUU
En los últimos meses, abogados y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre rechazos acelerados de solicitudes de asilo, órdenes de deportación exprés y traslados a terceros países como Guatemala y Honduras, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los migrantes.
Defensores de derechos humanos advierten que, aunque el programa se presenta como voluntario, muchos retornos podrían producirse bajo presión institucional y sin garantías de seguridad para personas que aseguran enfrentar riesgos reales al regresar a Nicaragua.
Miles de estos nicaragüenses han sufrido represión y persecución política y ahora enfrentan la posibilidad de una deportación sin destino conocido.