Este 7 de junio entrará en vigor la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, una normativa impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y criticada por diversos sectores por su posible impacto sobre derechos fundamentales. El presidente sancionó la ley el pasado 29 de mayo, nueve días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa, y su publicación oficial se realizó el 30 de mayo en el Diario Oficial.
La legislación establece que toda persona u organización que reciba financiamiento desde el extranjero deberá inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Además, impone una carga tributaria del 30 % sobre esos fondos y exige entregar al Estado información detallada sobre actividades y finanzas, bajo los lineamientos que determine dicho registro. La ley también restringe expresamente la participación de estos sujetos en actividades de carácter político.
Organizaciones nacionales e internacionales han mostrado preocupación por los alcances de esta normativa. Para el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), se trata de una herramienta que podría usarse para cerrar arbitrariamente medios independientes y organizaciones de sociedad civil. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) advirtió que el lenguaje vago de la ley podría permitir restricciones indebidas a la libertad de asociación y expresión.
Human Rights Watch (HRW) también se pronunció, calificando la ley como un instrumento para ejercer control gubernamental sobre actores críticos. Según la organización, se corre el riesgo de replicar modelos represivos similares a los implementados en Rusia y Nicaragua. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió que el gobierno de Bukele estaría concentrando poder y limitando el espacio cívico mediante regulaciones con sesgo político.
En contraste, el presidente Bukele defendió la ley afirmando que busca asegurar el uso correcto de la cooperación internacional. En un discurso el 1 de junio, sostuvo que la normativa no prohíbe la participación política ni la recepción de fondos del extranjero, pero establece condiciones claras: registrarse y pagar impuestos. Aseguró que el objetivo es frenar la injerencia política externa no regulada y garantizar que quienes reciban dinero extranjero rindan cuentas como cualquier empresa local.
El mandatario también criticó a organizaciones y medios que, según él, actúan con intereses políticos bajo apariencia de labor social o periodística, operando “sin transparencia, sin pagar impuestos y sin haber sido elegidos por el pueblo”.
Aunque Bukele afirma que la ley no obstaculizará la cooperación legítima en proyectos sociales, aún no están definidos los criterios bajo los cuales el RAEX podría eximir a determinadas organizaciones del control o del impuesto.