El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este lunes una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial en contra del juez Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por presuntas faltas graves y gravísimas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Según la denuncia, Orellana incurrió en una “falta grave” al modificar las formas del proceso judicial y una “falta gravísima” por interferir en las funciones de otros organismos del Estado, en referencia a una resolución emitida el pasado 25 de octubre, mediante la cual anuló el Comité pro formación del Movimiento Semilla y notificó al Congreso y al Registro de Ciudadanos.
La acusación se basa en los artículos 41 y 42 de la Ley de la Carrera Judicial de Guatemala, que sancionan este tipo de conductas. Arévalo solicitó que se suspenda provisionalmente de sus labores al juez, en cumplimiento del artículo 52 de dicha legislación.
La denuncia también pide que, tras agotar el procedimiento disciplinario correspondiente, se imponga la sanción de destitución e inhabilitación permanente para ocupar cargos en el Organismo Judicial, tal como lo estipula el artículo 43 de la misma ley.
Además, el presidente Arévalo solicitó que se certifique lo conducente al Ministerio Público, al considerar que existen indicios de responsabilidad penal por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y otros posibles delitos.
En el documento también se exige que, una vez establecida la sanción disciplinaria, se proceda conforme al artículo 58 de la Ley de la Carrera Judicial, y que se realicen las declaraciones correspondientes de acuerdo al marco legal guatemalteco.
Otra contra Curruchiche
La acción legal contra Curruchiche fue presentada luego de que la FECI solicitara un antejuicio contra el mandatario y la vicepresidenta Karin Herrera, a quienes acusa por supuestamente incumplir con sus deberes ante la evasión de 20 pandilleros en el centro de detención Fraijanes II.
“Este nuevo antejuicio que han solicitado es una ridiculez. Es un caso ridículo más, es un ejemplo perfecto del tipo de medidas espurias que constituyen este tipo de intentos de desestabilización del poder por medio de la acción judicial, que se llama ‘lawfare’”, declaró Arévalo la semana anterior.
El mandatario ha denunciado de forma reiterada que sectores del sistema de justicia buscan obstaculizar el ejercicio de su gobierno mediante maniobras judiciales arbitrarias que responden a intereses políticos.