El “Plan Verano 2025” de la Policía de la dictadura Ortega-Murillo contempla vigilancia, asedio e intimidación directa a sacerdotes, quienes son amenazados por agentes que les “recuerdan” dos restricciones clave: no realizar procesiones fuera de los templos y no mencionar en sus homilías críticas al gobierno. En caso de desacato, advierten que serán encarcelados, denunció la investigadora nicaragüense, Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”.
“El “Plan Verano 2025” de la Policía Sandinista incluye el asedio e intimidación de policías a sacerdotes para “recordarles”: 1. La no autorización de realizar procesiones 2. No mencionar en sus homilías y actividades religiosas nada en contra del “gobierno”. Si desacatan a la autoridad irán presos. Los encargados de realizar las amenazas son los jefes policiales de cada sector. Por tercer año consecutivo este tipo de represión persiste”, escribió Molina en la red social X.
Mientras los fieles católicos de Centroamérica se preparan para vivir con fervor las procesiones y actividades litúrgicas de la Semana Santa, en Nicaragua las manifestaciones públicas de fe han sido nuevamente canceladas por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según Molina, se han prohibido al menos 4,800 actividades religiosas durante 2024, entre ellas procesiones tradicionales de Cuaresma y Semana Mayor.
“Esta cifra incluye las procesiones que se realizaron o se realizarán en los cuatro viernes de Cuaresma, Domingo de Ramos y todas las de la Semana Santa”, indicó Molina en sus redes sociales. Añadió que la mayoría de las parroquias del país han optado por procesiones intramuros, es decir, dentro de las iglesias, para evitar represalias.
Según las investigaciones de Molina, desde 2019, se estima que el régimen ha prohibido o reprimido más de 11,700 procesiones en todo el país. Las autoridades eclesiásticas han recurrido a alternativas como rezos del Rosario y Viacrucis dentro de los templos, ante la imposibilidad de realizar eventos al aire libre.
Redadas, expulsiones y vigilancia
La represión religiosa en Nicaragua ha escalado más allá de la cancelación de procesiones. El pasado 26 de enero, la policía allanó la Clínica Médica Nazaret, administrada por los franciscanos en Jinotega, que ofrecía servicios médicos a comunidades pobres. Además, el 28 de enero, 30 monjas Clarisas fueron expulsadas del país y forzadas a abandonar sus conventos en Managua, Matagalpa y Chinandega, según denuncias de medios y fuentes eclesiásticas.
De acuerdo con un informe de Aci Prensa del 16 de marzo, los sacerdotes que aún permanecen en Nicaragua son objeto de vigilancia constante, sus teléfonos celulares son revisados por la policía, se les exige informes semanales de sus actividades y tienen restringida su libertad de movimiento.
Los medios nicaragüenses también han reportado que los sacerdotes no pueden predicar sobre temas sociales o de la Doctrina Social de la Iglesia, debiendo limitarse a homilías exclusivamente teológicas. La comunicación con obispos en el exterior o con periodistas también está prohibida.
Los últimos acontecimientos reafirman lo que diversas organizaciones internacionales han denunciado como una persecución sistemática contra la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas en Nicaragua.
La dictadura nicaragüense ha expulsado del país a más de 150 sacerdotes y al menos 40 de ellos han sido enviados hacia El Vaticano en cuatro grupos en menos de un año. Entre los sacerdotes expulsados están los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Moro, titulares de las arquidiócesis de Matagalpa y Siuna. Álvarez estuvo encarcelado por más de 500 días.
La dictadura nicaragüense también expulsó al Nuncio Apostólico de El Vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag en 2022.
