El fin del TPS: impacto económico y pugna política en Honduras

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado un terremoto político en Honduras y plantea serias consecuencias sociales y económicas para el país. Unod 70,000 hondureños perderán su amparo migratorio tras décadas de residir y trabajar legalmente en el país norteamericano, lo que representa no solo una amenaza humanitaria para quienes enfrentan la deportación, sino también un golpe letal para una economía ya debilitada.

El impacto financiero es directo y grave: se estima que el país dejará de percibir al menos $500 millones anuales en remesas enviadas por beneficiarios del TPS, un flujo vital para miles de hogares y para el consumo interno. A ello se suma el desafío de reintegrar a decenas de miles de posibles retornados en un mercado laboral que, según cifras nacionales, ya enfrenta tasas de desempleo y subempleo alarmantes.

En este contexto, el silencio de la presidenta Xiomara Castro ha sido estruendoso. La mandataria, conocida por sus posturas críticas hacia Estados Unidos —a quien ha llamado injerencista en repetidas ocasiones—, no ha emitido una posición personal sobre la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha provocado una oleada de cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

Desde el oficialismo, el excanciller y ahora candidato a la vicepresidencia por el Partido Libre, Enrique Reina, ha recordado que la decisión original de cancelar el TPS se tomó en 2018, bajo la administración de Donald Trump. “No hay que olvidar que la voluntad política de eliminar el TPS no es nueva. En esos años se intentó cancelar para seis países, y fue gracias a demandas judiciales que se restauró durante la administración Biden en 2021. En ese momento, apoyamos el proceso y su ampliación posterior”, expresó Reina.

Sin embargo, sus declaraciones no han bastado para frenar la crítica opositora. Rashid Mejía, del Partido Liberal, arremetió con dureza: “Libre fue el peor engaño y error en Honduras. Nunca se preocuparon por el TPS, se preocuparon por reconocer y negociar con dictadores. Perdimos el TPS porque Libre vendió una Honduras que no existe”.

En la misma línea, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla calificó la pérdida del TPS como una consecuencia de la política exterior del actual gobierno. “Mientras el gobierno de Libre rompe relaciones y se comporta como enemigo de Estados Unidos, nosotros buscamos soluciones reales para el pueblo hondureño”, escribió en redes sociales. Nasralla se comprometió a “ayudar siempre al pueblo hondureño”, en un claro intento de capitalizar electoralmente la crisis.

Desde el exterior, la preocupación también se hace sentir. Daniela Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, Florida, donde reside una gran parte de la diáspora hondureña, advirtió que obligar a estos migrantes a regresar a países que aún enfrentan inestabilidad es “inhumano y contraproducente”. Para muchas familias, Honduras representa no un hogar seguro, sino un lugar marcado por la violencia, la falta de oportunidades y la incertidumbre.

A medida que la presión política crece y los sectores económicos comienzan a dimensionar la magnitud del golpe, el gobierno hondureño enfrenta una disyuntiva crítica: continuar su distanciamiento ideológico de Estados Unidos o replantear su estrategia diplomática para evitar más consecuencias directas sobre su población migrante.

El fin del TPS no es simplemente un tema migratorio; es un espejo de la fragilidad institucional de Honduras, de su dependencia económica de las remesas, y de cómo los errores diplomáticos —o la falta de acción— pueden traducirse en tragedias humanas y crisis económicas profundas.